Este 7 de agosto de 2025, las calles de Quito fueron escenario de una multitudinaria movilización convocada por gremios sindicales, organizaciones sociales y colectivos ciudadanos. Fue en rechazo a varias políticas impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa. La protesta, que reunió a trabajadores, médicos, educadores y activistas, tuvo como destino final la Corte Constitucional. Allí se entregaron exigencias y pronunciamientos.
Una movilización que recorrió el centro de la capital
La marcha inició a las 16:00 frente a la Caja del Seguro. Desde allí los manifestantes avanzaron por la avenida Patria y la avenida 6 de Diciembre, hasta llegar a la Corte Constitucional. Entre los organizadores y convocantes destacaron el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Federación Médica Ecuatoriana (FME), Faperpise, y más de 15 organizaciones sociales.
El objetivo central: pedir a la Corte que se pronuncie sobre tres leyes promovidas por el Ejecutivo. Las leyes son la Ley de Seguridad, la Ley de Inteligencia y la Ley de Integridad Pública.
Reclamos por despidos masivos y eliminación de instituciones
Uno de los puntos más denunciados fue el despido de más de 5.000 trabajadores del sector público. Esta cifra, según los manifestantes, podría ascender a 60.000 para 2028 si se mantienen las medidas actuales. También se cuestionó la eliminación de entidades como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Ambiente y la Secretaría de Desnutrición Infantil.
Varios exempleados relataron sus experiencias. Una exservidora del Ministerio de Obras Públicas denunció que su liquidación fue incompleta. Mientras tanto, otro trabajador afirmó que cerca de 90 personas fueron desvinculadas de la misma cartera, bajo una normativa distinta a la vigente cuando fueron contratados.
Demandas en salud, educación y derechos de las mujeres
Andrés Quishpe, presidente de la UNE, instó a declarar la emergencia en salud y educación. Esto es debido a la violencia que afecta a profesores y estudiantes en entornos escolares. También criticó que el Gobierno destine 60 millones de dólares a una consulta popular en lugar de priorizar necesidades sociales urgentes.
Por su parte, más de 70 colectivos de mujeres entregaron un pronunciamiento titulado Mujeres contra el Ajuste. Ellos solicitaron la restitución de las instituciones eliminadas. Además, pidieron la intervención de organismos internacionales para garantizar la protección de los derechos de las mujeres y la niñez.
Hacia una agenda nacional de resistencia
Los organizadores anunciaron la realización de una Convención Nacional el próximo 16 de agosto. El objetivo es consolidar una agenda conjunta de resistencia frente a las políticas gubernamentales. Esta será la primera de una serie de acciones planificadas en las próximas semanas. Podría convertirse en un movimiento nacional de mayor alcance.
Fuente: El Comercio
Te puede interesar:
Real Madrid remonta y golea al Leganés en el primer test veraniego de Xabi Alonso
