El 9 de mayo, en la remota zona de Alto Punino, entre las provincias amazónicas de Napo y Orellana, once militares ecuatorianos fueron asesinados en un ataque armado mientras participaban en un operativo contra la minería ilegal. La tragedia no solo dejó al país en duelo, sino que evidenció el nivel de penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado.
El ataque fue atribuido a los Comandos de la Frontera (CDF), una organización criminal colombiana derivada de disidencias de las FARC. Según información oficial, los soldados fueron emboscados con fusiles, granadas y explosivos durante una intervención de la Cuarta División del Ejército “Amazonas”.
Filtración desde las Fuerzas Armadas
Lo más alarmante, según confirmó el propio Ejército, es que existen indicios de una filtración interna. El comandante general Henry Delgado reconoció públicamente esa posibilidad: “El poder económico que tienen los grupos criminales podría haber doblegado el espíritu de un soldado”.
La experta en crimen organizado Michelle Maffei advirtió que este no es un problema operativo, sino estructural. “Uno de cada diez policías trabaja con el crimen organizado. Y ahora, con la militarización, esa cifra podría replicarse en las Fuerzas Armadas”, afirmó.
El oro, nueva fuente del crimen transnacional
La minería ilegal ha evolucionado hasta convertirse en un negocio clave para redes criminales transnacionales. “Una vez fundido el oro, no se puede rastrear. Es perfecto para el lavado de activos”, explicó Maffei. Grupos armados lo venden a joyerías o utilizan facturas falsas para legalizarlo.
Para la consultora en seguridad pública Katherine Herrera, el asesinato de los militares marca un punto de quiebre: “La minería ilegal destruye la gobernanza, alimenta redes criminales y sostiene otras economías delictivas como el narcotráfico o la trata de personas”.
Selva tomada por estructuras criminales
La expansión de los Comandos de la Frontera en Ecuador ha sido sistemática. Desde su base en Putumayo, Colombia, se han instalado en zonas estratégicas de Sucumbíos y Orellana. Se mueven por rutas fluviales, establecen campamentos en áreas deforestadas y sellan alianzas con bandas locales como Los Lobos y facciones de Los Choneros.
Según reportes de organizaciones como MAAP, entre 2019 y 2023 se perdieron más de 1.000 hectáreas de selva en esta zona. Campamentos de minería ilegal proliferan bajo la protección de mafias armadas.
Una amenaza anunciada e ignorada
La masacre en Alto Punino no tomó por sorpresa a todos. “Fue una crónica de una muerte anunciada”, sentenció Herrera. Durante meses, informes de inteligencia y denuncias ciudadanas alertaron sobre la presencia de CDF en la zona. Pero las autoridades priorizaron la violencia urbana en la Costa sobre esta amenaza silenciosa.
Maffei fue contundente: “La emboscada es un síntoma de un sistema de seguridad cooptado. Cuando hay filtraciones, muchas veces no se puede saber quién las hizo porque hay protección interna”.
Una guerra que el Estado no enfrenta
Aunque en enero de 2024 el gobierno declaró un conflicto armado interno y clasificó a 22 grupos como objetivos militares, incluyendo a los CDF, la respuesta estatal ha sido reactiva y fragmentada.
“La única solución es reestructurar completamente las instituciones de seguridad”, dijo Maffei. Herrera coincide, y pide reactivar el Comité contra la Minería Ilegal, generar alternativas de desarrollo y recuperar la confianza ciudadana.
La selva como campo de batalla
La muerte de once soldados en la Amazonía no es un hecho aislado. Es la consecuencia directa de años de corrupción, abandono estatal y expansión de una economía criminal que hoy trafica más que drogas: mueve oro, armas, personas y territorios.
En la selva ecuatoriana, donde debería florecer la vida, lo que crece ahora es el control armado, la violencia y la impunidad.
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