Un informe presentado por la Defensoría del Pueblo revela que, en los últimos cinco años, se han registrado más de 50 mil denuncias de violencia sexual infantil, contra niños, niñas y adolescentes, en Ecuador. Sin embargo, la cifra de sentencias emitidas es baja, con apenas 2 mil 161 casos resueltos, lo que genera una sensación de impunidad entre las víctimas, según la entidad encargada de la investigación.
Brecha entre denuncias y sentencias por violencia sexual infantil genera críticas
El informe de 55 páginas detalla que, de las 52 mil 051 denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado, solo 2 mil 161 han culminado con sentencia, mientras que 870 han sido sobreseídas y 589 resultaron en declaraciones de inocencia. La Defensoría del Pueblo también destaca que solo 14 mil 734 víctimas han recibido atención en el sistema de salud pública, resaltando la falta de apoyo médico y psicológico para las personas afectadas.
El periodo de análisis abarca desde el 1 de enero de 2018 hasta el 16 de junio de 2023 e involucra a diversas entidades gubernamentales. La Defensoría señala discrepancias entre las cifras de la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, a la vez que destaca un porcentaje de casos concluidos, donde se subraya la necesidad de abordar la impunidad percibida por las víctimas.
Entre las recomendaciones, se destaca la necesidad de evaluar el protocolo de atención especializada por parte de la Fiscalía y la Judicatura, así como la priorización del control disciplinario a jueces denunciados por malas prácticas en delitos sexuales. Además, se sugiere la creación de servicios especializados con horarios adaptados a las necesidades ciudadanas y la formación de mesas técnicas permanentes para garantizar una respuesta coordinada en la prestación de servicios de protección y acceso a la justicia.
El panorama que revela este informe de la Defensoría del Pueblo llama a la acción inmediata de las autoridades y la sociedad en su conjunto. La brecha abismal entre las denuncias presentadas y las sentencias emitidas pone de manifiesto la necesidad urgente de revisar y fortalecer los mecanismos judiciales y de atención a víctimas. Es imperativo que las recomendaciones propuestas, como la evaluación constante de protocolos y el control disciplinario efectivo, se conviertan en acciones tangibles, señaló la entidad.
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