Paro nacional sigue firme en Imbabura
Desde Otavalo, Marlon Vargas Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), reafirmó que el paro nacional continúa. Tras trasladarse desde Pastaza hasta Imbabura, centro de las protestas, Vargas hizo un llamado a sostener las medidas de hecho frente a la eliminación del subsidio al diésel.
En una transmisión en vivo a través de la red social de la Conaie, Vargas enfatizó: “Están diciendo que el paro ya no da. No, el paro continúa. Hay algunos pueblos y nacionalidades que realizan asambleas permanentes y reclaman sus derechos. Estamos en pie de lucha, con unidad, firmeza y convicción”. A su lado se encontraba Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la organización.
Violencia y detenciones en las protestas
Durante el quinto día del paro nacional, en Imbabura se registraron enfrentamientos violentos con la Policía Nacional. Como resultado, doce ciudadanos de Otavalo fueron detenidos; once de ellos fueron trasladados a la cárcel de El Rodeo en Manabí, investigados por presunto terrorismo.
En paralelo, tras su salida de la Amazonía, escuadrones policiales y militares despejaron los cierres viales protagonizados por bases de la nacionalidad Kichwa en Puyo, quienes también se plegaron al paro. Vargas aclaró a su familia que no está retenido y ratificó que las acciones del paro se mantienen.
Investigación y contexto legal
La Fiscalía General abrió investigaciones contra Marlon Vargas y más de 50 dirigentes de organizaciones sociales y no gubernamentales, por indicios de presunto enriquecimiento privado no justificado. Además, Vargas enfrenta denuncias por terrorismo relacionadas con su convocatoria a paralizar el país.
El paro nacional indefinido se declaró el 18 de septiembre, liderado por Vargas y los presidentes de las tres regionales de la Conaie, en rechazo al decreto ejecutivo 126, que eliminó el subsidio al diésel y elevó su precio a $2,80.
Exigencias y respuesta del gobierno
Las organizaciones sociales de Imbabura exigen la liberación inmediata de los detenidos y la derogatoria del decreto ejecutivo 126, considerando que perjudica a la economía popular. También rechazan la consulta popular para instalar una asamblea constituyente, prevista para el 16 de noviembre.
En respuesta, el presidente Daniel Noboa enfatizó que su administración no cederá ante las exigencias del movimiento indígena y mantendrá su postura frente al decreto.
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