Mario Godoy permanece como presidente del Consejo de la Judicatura en medio de un escenario adverso. Este escenario está marcado por cuestionamientos políticos, presión institucional y pedidos públicos de renuncia. A más de un mes de que estallara la controversia por presuntas presiones a un juez, el funcionario enfrenta un proceso de fiscalización que avanza en la Asamblea Nacional.
El caso se originó tras la denuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien señaló que habría recibido presiones del entonces director provincial del Consejo de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor. Estas presiones buscaban influir en un fallo relacionado con narcotráfico. Este señalamiento colocó a Godoy en el centro del debate público y abrió un frente político en su contra.
El juicio político toma forma en el Legislativo
La bancada de la Revolución Ciudadana impulsó el pedido de juicio político contra Mario Godoy. Esta iniciativa logró avanzar luego de recibir el respaldo del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional y de un legislador aliado. Con estos votos, la Comisión de Fiscalización permitió que el trámite continúe dentro del Parlamento.
Si el proceso llega al Pleno de la Asamblea y se alcanzan al menos 101 votos, Godoy podría ser censurado y destituido. Así, esto le impediría ejercer cargos públicos durante un período de dos años. Mientras tanto, el debate político en torno a su permanencia se mantiene activo.
Cambios en la Corte Nacional de Justicia
La falta de respaldo político también se ha reflejado en el ámbito judicial. Hasta mediados de enero, Godoy contaba con el apoyo del entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing. Sin embargo, Suing presentó su renuncia tras recibir presiones internas por haber incluido el nombre de Godoy en una terna para presidir el Consejo de la Judicatura.
Tras la salida de Suing, asumió la presidencia temporal de la Corte el juez Marco Rodríguez. En su primer pronunciamiento, destacó la importancia de la independencia judicial. Además, dejó claro que la cooperación entre funciones del Estado no implicará subordinación al Consejo de la Judicatura ni a ningún otro poder.
El Colegio de Abogados se suma a los cuestionamientos
El Colegio de Abogados de Pichincha abrió un nuevo frente de críticas contra la gestión de Mario Godoy. El gremio exigió públicamente su renuncia mediante una pancarta colocada en su sede. Esta sede está ubicada en el centro de Quito, a pocos metros de la Asamblea Nacional.
En un comunicado, los abogados señalaron que las denuncias conocidas constituyen un grave atentado contra la independencia judicial y afectan la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Además, cuestionaron el proceso mediante el cual Godoy llegó al cargo. Consideraron que no se evidenció una verificación adecuada de su idoneidad ética y profesional.
Pedidos a la Fiscalía y al Ejecutivo
El gremio solicitó a la Fiscalía General del Estado una investigación penal objetiva y oportuna para determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados en los hechos denunciados. También recordó al Ejecutivo la necesidad de asignar mayores recursos para enfrentar el déficit estructural de jueces y fiscales.
Adicionalmente, pidieron al Consejo de la Judicatura que se abstenga de designar jueces temporales mientras persistan los cuestionamientos. Asimismo, exigieron sanciones administrativas y legales contra Henry Gaibor, exdirector provincial de la Judicatura en Pichincha.
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Mario Godoy enfrenta juicio político y presión institucional
