El Consejo de la Judicatura atraviesa uno de sus momentos más complejos en los últimos años. El escenario está marcado por la salida de altos funcionarios, denuncias de presunta corrupción y una creciente presión política sobre su presidente, Mario Godoy. En menos de dos meses, varias renuncias estratégicas han debilitado áreas clave del organismo. Además, se acumulan cuestionamientos sobre la falta de sanciones efectivas.
Salida de la directora de Transparencia en medio de cuestionamientos
La renuncia más reciente es la de Tatiana Sampedro Alomoto, quien se desempeñaba como directora nacional de Transparencia, un cargo sensible por ser el encargado de tramitar denuncias ciudadanas contra jueces y funcionarios. Su dimisión fue presentada el 28 de enero. Esto ocurrió tras cuestionamientos internos por la filtración de una denuncia que involucra a exautoridades del propio Consejo.
La queja fue expuesta por el vocal Fabián Fabara durante el pleno del 22 de enero. Esta hacía referencia a una presunta solicitud del 14 % del valor de un contrato para el mantenimiento del parque automotor institucional. Los señalados fueron Alex Gallo Lema, exdirector administrativo, y Miguel Caicedo Almeida, subdirector de Servicios Generales. Gallo renunció. Por su parte, Caicedo fue separado del cargo días después.
Renuncias que evitan sanciones administrativas
A esta salida se sumó la de Roger Tumalli, exdirector de Asesoría Jurídica y persona cercana a Mario Godoy. Él fue denunciado por presunto abuso sexual por una asesora de la entidad. La denuncia se presentó el 28 de noviembre de 2025. Sin embargo, el Pleno de la Judicatura tardó 56 días en pronunciarse sobre el inicio de un sumario administrativo.
Para organizaciones de la sociedad civil, este patrón resulta preocupante. Expertos en justicia advierten que las renuncias, en lugar de destituciones, permiten que los funcionarios eviten consecuencias legales más severas. Por ejemplo, podrían evitar la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Presión ciudadana y juicio político en marcha
El 29 de enero de 2026, ciudadanos se concentraron en los exteriores del edificio de la Judicatura, en Quito, para exigir la renuncia de Mario Godoy. Pese a las protestas, el funcionario ha decidido mantenerse en el cargo. Mientras tanto, enfrenta un juicio político en la Asamblea Nacional.
El proceso se originó por la denuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien aseguró haber recibido presuntas presiones para favorecer a un narcotraficante serbio. En ese caso, la defensa del acusado, durante la investigación previa, estuvo a cargo de la esposa de Godoy. Esto incrementó los cuestionamientos por posibles conflictos de interés.
Transparencia bajo la lupa en el juicio a Mario Godoy
Desde el interior y el exterior de la institución también surgen críticas al funcionamiento de la Dirección de Transparencia. Exautoridades judiciales han señalado que alertas de posibles actos de corrupción en provincias como Orellana y Pastaza no habrían sido atendidas oportunamente. Por tanto, esto refuerza la percepción de una estructura debilitada y politizada.
Aunque el Consejo de la Judicatura asegura que se han abierto sumarios administrativos contra varios exfuncionarios, para analistas y gremios judiciales esto resulta insuficiente. En efecto, consideran que no basta si no se traducen en investigaciones profundas y sanciones ejemplares que devuelvan la confianza ciudadana en el sistema judicial.
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