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Marcha de Daniel Noboa contra la Corte Constitucional no detendrá el análisis de tres leyes

Marcha de Daniel Noboa contra la Corte Constitucional

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El presidente Daniel Noboa encabezó el martes 12 de agosto de 2025 una marcha en rechazo a la Corte Constitucional, luego de que el organismo admitiera demandas de inconstitucionalidad contra tres leyes impulsadas por el Ejecutivo.

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Analistas coincidieron en que, pese a la movilización, el mandatario deberá esperar el pronunciamiento del alto tribunal, que mantiene suspendidos varios artículos de las normativas en cuestión.

El 4 de agosto de 2025, dos tribunales de la Corte Constitucional admitieron a trámite recursos contra la Ley de Inteligencia, la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Integridad Pública, aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional.

El abogado penalista Kléver Rojas señaló que las demandas provienen de ciudadanos y colectivos que consideran que estas normas vulneran derechos fundamentales. Mientras duren los análisis, las disposiciones suspendidas seguirán sin aplicarse.

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Estrategia política y medición de apoyo

Para el analista político Gustavo Yunga, la marcha tuvo dos objetivos adicionales: medir la capacidad de convocatoria de Noboa con miras a la consulta popular prevista posiblemente para diciembre y evaluar su nivel de respaldo tras casi tres meses en el cargo.

Yunga advirtió que, aunque las leyes suspendidas podrían contribuir a la lucha contra la inseguridad, también generan riesgos. Mencionó que la Ley de Solidaridad Nacional afectaría la independencia judicial y el acceso a la justicia, mientras que la Ley de Inteligencia permitiría vigilancia e interceptaciones sin orden judicial y acceso a datos personales sin restricciones.

Artículos suspendidos por la Corte Constitucional

  • Ley de Solidaridad Nacional: artículos 6, 9, 13 y 14
  • Ley de Integridad Pública: disposición transitoria décima primera
  • Ley de Inteligencia: artículos 5, 13, 22, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 52 y 55
Marcha

Denuncias de presiones laborales

En paralelo, servidores públicos de Loja y Zamora Chinchipe denunciaron haber recibido amenazas para asistir a la marcha. Según las quejas, quienes no acudieran se exponían a perder sus puestos de trabajo.

Fuente: Crónica

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