El proyecto minero Loma Larga, ubicado en Cuenca y San Fernando, volvió a generar controversia este miércoles 3 de septiembre de 2025. Esto ocurrió luego de que la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, publicara un video en redes sociales explicando el avance de la concesión y su regulación.
Declaraciones de la ministra Inés Manzano
En su mensaje, Manzano reconoció la preocupación de los habitantes de Cuenca:
“Entiendo la preocupación de cada uno de los habitantes de una de las ciudades que más quiero: Cuenca, sabemos que el proyecto Loma Larga ha generado debate”.
La ministra explicó que el proyecto ha pasado por rigurosas fases de evaluación, incluyendo revisiones técnicas y cumplimiento de sentencias judiciales. Además, insistió en que la minería legal, formal y vigilada es la única manera de combatir la minería ilegal, que afecta gravemente los ecosistemas.
Manzano defendió que la concesión cumple con los procesos estatales. Asimismo, señaló que la regulación busca asegurar un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental.
La respuesta de Yaku Pérez
En contraposición, Yaku Pérez, líder de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), publicó un video desmintiendo que el Estado haya cumplido con todos los requisitos legales y sentencias para emitir la licencia ambiental.
Pérez enfatizó que el Estado solicitó a la empresa concesionaria, Dundee Precious Metals (DPM) Ecuador S.A., una garantía económica de 1.500.000 dólares. Pero considera esta garantía insuficiente frente al riesgo ambiental que enfrenta la zona.
El líder indígena cuestionó:
“¿Esos valen los ríos de Cuenca? ¿Eso vale la salud de medio millón de cuencanos? ¿Eso vale la vida de los cuencanos y de los azuayos…?”.
Sus declaraciones reflejan la preocupación de la ciudadanía sobre la posible contaminación del agua en una zona de recarga hídrica crítica para la ciudad.
Controversia ambiental y social
El proyecto Loma Larga se encuentra en una zona de alto valor ecológico. Esa situación ha despertado alertas de expertos y ambientalistas sobre los posibles impactos en la calidad del agua y los ecosistemas locales.
La confrontación entre la visión del Gobierno, representada por la ministra Manzano, y los movimientos ciudadanos, liderados por Pérez, evidencia la tensión entre desarrollo económico y preservación ambiental en Ecuador.
Se debate actualmente si la explotación minera puede convivir con la protección de los recursos hídricos. Mientras tanto, los cuencanos y azuayos mantienen un seguimiento cercano sobre las decisiones de las autoridades y la empresa concesionaria.
El intercambio entre Inés Manzano y Yaku Pérez resalta la necesidad de transparencia. También destaca el cumplimiento de la normativa ambiental y la participación ciudadana en proyectos de gran impacto como Loma Larga. La sociedad exige garantías que protejan los recursos naturales, la salud pública y la vida de las comunidades. Mientras, el Gobierno insiste en la legalidad y regulación del proyecto minero.
Fuente: El Mercurio
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