Hace pocos días se publicó en este espacio de opinión el artículo “Mercaderes de la medicina privada”. Dicho texto expone con claridad el viacrucis que enfrentan miles de pacientes y médicos dentro del sistema de seguros privados de salud en Ecuador. Esta realidad ha puesto sobre la mesa la necesidad aplicar una reforma a las reglas que hoy dejan desprotegidos a quienes más requieren atención médica.
Limitaciones por preexistencias y falta de cobertura real
Quienes ejercemos la medicina conocemos una realidad que rara vez llega a la opinión pública. Hay pacientes que, tras años de pagar puntualmente sus pólizas, descubren que una supuesta “preexistencia” limita o impide el acceso a la cobertura que requiere su enfermedad. El resultado es que quedan desprotegidos precisamente cuando más necesitan el respaldo de su seguro privado de salud.
Esta situación exige que las autoridades sanitarias y los organismos de control revisen el funcionamiento de las compañías de medicina prepagada y seguros médicos. Es indispensable fortalecer la legislación para garantizar una protección efectiva de los asegurados. Por consiguiente, los seguros privados de salud deben ajustarse a normas que prioricen el derecho a la atención por encima de intereses comerciales.
Impacto en la práctica médica y auditorías arbitrarias
El problema no afecta solo a los usuarios, sino también a los profesionales de la salud. Los médicos ven cómo sus honorarios son reducidos o rechazados por auditorías administrativas alejadas de la realidad clínica. Estas instancias deciden qué procedimientos serán cubiertos, desconociendo el criterio del médico tratante y la responsabilidad de preservar la vida.
En consecuencia, la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional debe impulsar reformas que impidan el uso de conceptos ambiguos para restringir derechos. No se puede trasladar al paciente las consecuencias de interpretaciones arbitrarias de las cláusulas contractuales.
Reforma legal para definir criterios claros
El concepto de preexistencia se ha convertido con frecuencia en un mecanismo para negar coberturas mediante criterios subjetivos. Esto debilita seriamente la confianza ciudadana en los seguros privados de salud. Resulta razonable reconocer como preexistencias únicamente las enfermedades congénitas documentadas o las discapacidades permanentes certificadas. Todo lo demás debe evaluarse con criterios científicos, técnicos y transparentes. De esta manera, se privilegia el derecho del paciente a recibir atención oportuna y adecuada.
La salud no puede quedar subordinada a balances financieros ni a interpretaciones contractuales restrictivas. Quien contrata un seguro médico espera contar con respaldo en los momentos más difíciles. Esa confianza debe ser protegida por el Estado, porque el acceso a la salud es un derecho fundamental y no un privilegio sujeto a la conveniencia económica de las aseguradoras. Por todo ello, es inaplazable aprobar una reforma que regule con claridad el funcionamiento de los seguros privados de salud.
Fuente: Expreso
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