Expertos consideran que el proyecto de bases militares tendrá más impacto político y comercial que en la seguridad
Consulta popular para decidir sobre las bases militares
El presidente Daniel Noboa convocó a los ecuatorianos a un referendo previsto para noviembre de 2025, con el objetivo de reformar la Constitución. La reforma permitiría la instalación de bases militares extranjeras en el país. Esta disposición se encuentra prohibida desde 2008, cuando se cerró la base de Manta durante el gobierno de Rafael Correa.
La propuesta se presentó bajo el argumento de fortalecer la lucha contra el narcotráfico y abre un debate nacional. Este debate aborda las implicaciones políticas, de seguridad y comerciales que tendría el retorno de fuerzas extranjeras en territorio ecuatoriano.
La influencia de Estados Unidos en la región
Ecuador se encuentra en un punto estratégico en la región. Por su territorio marítimo y aéreo circula aproximadamente el 70% de la producción mundial de cocaína, con destino a otros continentes. En este escenario, Estados Unidos ha mostrado un interés marcado en recuperar un espacio militar en el país, particularmente tras la experiencia en la base de Manta, operativa entre 1999 y 2009.
Expertos señalan que Washington busca reforzar su influencia regional a través de operaciones militares conjuntas. Especialmente, se enfoca en el Caribe y el Pacífico, donde ya mantiene centros en Honduras y El Salvador. Para el gobierno estadounidense, Ecuador es un aliado clave en la guerra contra las drogas.
Intereses comerciales y la disputa con China
Más allá del narcotráfico, analistas advierten que el establecimiento de una base militar tendría un trasfondo político y económico. Estados Unidos busca contrarrestar la expansión china en América Latina. Esta expansión ocurre especialmente en sectores estratégicos como puertos e infraestructura, vinculados al proyecto de la Nueva Ruta de la Seda.
De allí surge la posibilidad de que Washington impulse no solo la reactivación de Manta, sino también instalaciones en zonas de mayor proyección internacional, como las islas Galápagos.
Galápagos como punto estratégico
El archipiélago de Galápagos ha cobrado relevancia en los últimos años como punto logístico del narcotráfico, utilizado para el abastecimiento de embarcaciones rumbo a Centroamérica. Con una ubicación privilegiada en medio del Pacífico, constituye un punto de control marítimo de alto valor para Estados Unidos.
La isla Baltra ya fue utilizada como base militar norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial. Esto refuerza el interés de Washington por establecer una presencia permanente en esta zona.
La opción de Manta
Manta, en la provincia de Manabí, sigue siendo otra alternativa de peso. Durante la década que funcionó como centro de operaciones estadounidenses, permitió vuelos de vigilancia y monitoreo antinarcóticos. Hoy, el puerto se ha convertido en un epicentro del narcotráfico, lo que podría justificar una nueva negociación.
De concretarse, se prevé que la administración de las bases sea compartida entre Ecuador y Estados Unidos. Las funciones incluirían vigilancia aérea, uso de drones y presencia de buques militares.
Debates internos y preocupaciones
El regreso de bases extranjeras no está exento de polémicas. Militares en retiro, como el general Luis Altamirano, sostienen que debe quedar explícito que serían instalaciones para fuerzas de seguridad estatales. No deberían ser para contratistas privados o empresas de seguridad internacional.
La preocupación surge de antecedentes polémicos, como la participación del empresario Erik Prince —fundador de Blackwater— en un operativo anticrimen en Ecuador, sin que se revelaran detalles oficiales.
Contexto histórico
La prohibición de bases militares extranjeras en Ecuador fue impulsada durante el gobierno de Rafael Correa. Esto ocurrió tras denuncias de abusos y excesos cometidos durante operaciones conjuntas, entre ellos el hundimiento de barcos pesqueros, según reportes de organizaciones de derechos humanos como Inredh.
Hoy, con la propuesta de Noboa, el país vuelve a abrir un debate que trasciende lo militar. Según los expertos consultados, las consecuencias de la decisión tendrán un mayor peso en el ámbito político y comercial que en el de la seguridad.
Fuente: El Universo
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