El Gobierno ecuatoriano emitió el Decreto Ejecutivo 202, mediante el cual se declara un nuevo estado de excepción en cinco provincias y tres cantones del país. La medida, vigente por 60 días, tiene como objetivo enfrentar la grave conmoción interna generada por el crimen organizado y los recientes brotes de violencia registrados en distintas zonas.
El decreto abarca las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro, así como los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar). Estas áreas ya habían sido intervenidas con controles y operativos policiales. Sin embargo, la persistencia de hechos delictivos llevó al Ejecutivo a renovar y ampliar la declaratoria.
El presidente Daniel Noboa sostiene que la medida responde a la necesidad de restablecer el orden público y garantizar la seguridad ciudadana. Esto se da en un contexto donde los grupos armados organizados continúan desafiando la autoridad del Estado.
Suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio
Uno de los principales puntos del decreto es la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio, contemplado en el artículo 3 del documento. Esta disposición autoriza a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a realizar inspecciones, allanamientos y requisas sin orden judicial previa. Dichas acciones se llevarán a cabo bajo criterios de proporcionalidad, necesidad y respeto al debido proceso.
El objetivo es permitir la ubicación y registro de lugares donde podrían encontrarse integrantes de grupos delictivos o terroristas. Además, se procura el decomiso de armas, drogas y materiales ilícitos utilizados en la comisión de delitos.
Asimismo, el decreto establece que estos procedimientos deberán desarrollarse respetando los límites constitucionales que rigen durante los estados de excepción. Además, deberán ser bajo la supervisión de las autoridades competentes, para evitar abusos o vulneraciones innecesarias.
Suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia
El artículo 4 del decreto dispone la suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia, tanto en medios físicos como digitales. Esto habilita a las fuerzas de seguridad del Estado a interceptar, analizar y recopilar comunicaciones que puedan estar relacionadas con actividades delictivas o terroristas.
Esta medida busca prevenir la coordinación de delitos. También intenta identificar a los responsables de redes criminales y detectar movimientos sospechosos a través de correos electrónicos, cartas, mensajes de texto o plataformas digitales.
De acuerdo con el documento, la interceptación y revisión de comunicaciones deberá realizarse con autorizaciones institucionales claras. Todo se llevará a cabo siguiendo los principios de legalidad y proporcionalidad. A su vez, deberá garantizar el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos no implicados.
Control territorial y respuesta a la amenaza del crimen organizado
La ampliación del estado de excepción responde al creciente poder de las bandas delictivas, que han extendido sus operaciones en varias provincias costeras. El Gobierno considera que estas organizaciones representan una amenaza directa a la seguridad nacional. Su influencia se ha expandido hacia los centros urbanos y las rutas de comercio.
Durante los próximos 60 días, el Ejecutivo prevé intensificar las operaciones militares y policiales, así como reforzar el control en puertos, carreteras y zonas fronterizas. El objetivo es debilitar las estructuras criminales y recuperar el control en sectores donde las autoridades han perdido presencia efectiva.
El decreto enfatiza que la prioridad es proteger la vida y la integridad de los ciudadanos. Además, garantizará el funcionamiento de los servicios públicos esenciales en las zonas afectadas por la violencia.
Un país en constante tensión entre seguridad y derechos
El nuevo estado de excepción vuelve a abrir el debate sobre el equilibrio entre la seguridad y los derechos constitucionales. Si bien las autoridades justifican la medida como una herramienta temporal para recuperar la paz, diversos sectores sociales y organismos de derechos humanos han expresado preocupación por posibles excesos o vulneraciones durante su aplicación.
Ecuador se encuentra en un proceso complejo de restauración del orden público, mientras intenta frenar la expansión del crimen organizado y reforzar la confianza en las instituciones. El reto para el Gobierno será mantener el control sin afectar las libertades fundamentales. Todo esto sucede en un contexto donde la seguridad nacional sigue siendo el principal desafío del país.
Fuente: Metro Ecuador
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