Tras la aprobación de la Ley de Solidaridad Nacional la noche del sábado 7 de junio, el Gobierno de Daniel Noboa respondió con firmeza. La normativa obtuvo 84 votos afirmativos, 1 en blanco, 10 abstenciones y 46 en contra. A pesar de la oposición parcial, las principales autoridades del Ejecutivo celebraron lo que consideran un paso crucial en la lucha contra el crimen organizado.
Declaraciones oficiales tras la votación
Los ministerios del Interior, Defensa y Gobierno emitieron comunicados donde destacaron el impacto de la Ley de Solidaridad Nacional. Según sus voceros, esta legislación constituye un instrumento jurídico indispensable para combatir las economías ilegales que alimentan la violencia estructural.
Interior: prioridad a la seguridad ciudadana
John Reimberg, ministro del Interior, fue uno de los primeros en manifestarse. En la red social X señaló que las estructuras delictivas se financian mediante economías ilícitas. Además, sostuvo que la Ley de Solidaridad Nacional refleja el compromiso del Ejecutivo con la seguridad nacional y la estabilidad institucional.
“¡Nada ni nadie nos detiene!”, concluyó en su declaración. Según Reimberg, esta normativa responde al clamor social por justicia y orden.
Defensa: apoyo estratégico a las Fuerzas Armadas
El Ministerio de Defensa definió a la Ley de Solidaridad Nacional como “una herramienta de esperanza”. De acuerdo con el comunicado, permitirá consolidar el accionar de las fuerzas del orden, que han sido clave dentro del Bloque de Seguridad. En el contexto del conflicto armado interno declarado en enero de 2024, esta ley busca dotar de respaldo jurídico a las acciones militares contra el crimen.
Gobierno: fin de la impunidad
El ministro de Gobierno, José de la Gasca, destacó que con la Ley de Solidaridad Nacional se robustece la capacidad de respuesta estatal. En sus redes sociales, exhortó al sistema judicial a actuar en sintonía con este nuevo marco normativo. Recalcó que la impunidad no puede formar parte del nuevo Ecuador.
Contexto político y social
Aunque el proyecto fue tramitado con carácter urgente en materia económica, recibió apoyo multipartidista. Sin embargo, algunos bloques como Pachakutik advirtieron sanciones internas contra sus asambleístas que votaron a favor. A pesar de esas tensiones políticas, el Ejecutivo logró consolidar una mayoría.
La Ley de Solidaridad Nacional surge en un escenario complejo: el país enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes. Según cifras discutidas en el Pleno, Ecuador podría alcanzar una tasa de 53 homicidios por cada 100.000 habitantes al cierre del año.
Conclusión: unidad frente a la amenaza
En definitiva, la Ley de Solidaridad Nacional representa una estrategia legal para reforzar la lucha contra organizaciones delictivas. A través de medidas como la prisión preventiva obligatoria, la especialización judicial y los decomisos, se intenta garantizar un entorno más seguro para todos los ecuatorianos.
Fuente: PRIMICIAS
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