La Ley de Integridad Pública entró oficialmente en vigencia el 26 de junio de 2025. Esta norma, aprobada por la Asamblea Nacional, fue publicada en el Registro Oficial apenas dos días después de su votación. Contiene modificaciones a más de 20 cuerpos legales, lo que ha generado reacciones y controversias tanto en el ámbito jurídico como político.
Una ley polémica y acelerada
El proyecto de la Ley de Integridad Pública fue tramitado como económico urgente por iniciativa del presidente Daniel Noboa. Sin embargo, la Asamblea modificó su alcance original. Lo que comenzó como una reforma a la Ley de Contratación Pública terminó incluyendo cambios en áreas como justicia, infancia, finanzas y más.
El texto fue aprobado con 84 votos a favor, 62 en contra y 2 abstenciones. Varios legisladores y organizaciones sociales cuestionaron la introducción de artículos que no constaban en el documento inicial.
Reforma integral de múltiples normativas
La Ley de Integridad Pública introduce reformas judiciales, al servicio público, a la normativa de niñez y adolescencia, al sistema financiero y al régimen tributario. Una de las medidas más discutidas es la posibilidad de transformar cooperativas de ahorro y crédito en bancos, mediante un análisis técnico posterior.
Además, incorpora una nueva remisión tributaria. Esta solo se aplicará a obligaciones administradas por el Servicio de Rentas Internas (SRI), excluyendo otros tributos o tasas municipales.
Publicación oficial y acceso al documento
Con su publicación en el Registro Oficial, la Ley de Integridad Pública se convierte en ley vigente. Los ciudadanos ya pueden acceder al documento completo en formato PDF a través de plataformas gubernamentales. Las implicaciones de estas reformas serán objeto de análisis en los próximos meses.
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