En un plazo de apenas 31 días desde que el presidente Daniel Noboa asumió el poder, su bancada Acción Democrática Nacional (ADN) logró un importante avance legislativo. La Asamblea Nacional aprobó dos proyectos urgentes económicos: la Ley de Solidaridad y la Ley de Integridad Pública. Esta última reforma cerca de 20 cuerpos legales, fortaleciendo el marco jurídico nacional.
Aprobación clave con respaldo mayoritario
El 7 de junio de 2025, con 84 votos a favor, se aprobó la Ley de Solidaridad Nacional. Esta normativa busca combatir las economías criminales, aunque enfrenta demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Por su parte, el 24 de junio, con los mismos 84 votos, la Asamblea respaldó el proyecto de Ley de Integridad Pública, confirmando el dominio político del Gobierno en el Parlamento.
El proceso estuvo marcado por intensos debates entre el oficialismo y la Revolución Ciudadana (RC), además de modificaciones de última hora. Entre las reformas más relevantes se encuentran cambios en el Código Integral Penal (COIP), Código de la Niñez y Adolescencia, y en la Ley de Contraloría, entre otros.
Cambios fundamentales en múltiples cuerpos legales
La Ley de Integridad Pública incorpora disposiciones que perfeccionan la contratación pública, endurecen sanciones por prevaricato, amplían competencias del Consejo de la Judicatura y modifican la designación del gerente del Banco Central del Ecuador. Además, contempla juzgar a adolescentes infractores con penas más severas según la gravedad de sus delitos.
El proyecto, calificado como urgente en materia económica, fue aprobado tres días antes del plazo límite de 30 días. Ahora, será remitido al Ejecutivo para observaciones o publicación oficial.
Declaraciones y objetivos clave
Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y ponente del proyecto, afirmó: “Se acabó la fiesta para los corruptos. Todo fiscal que actúe de manera arbitraria responderá por prevaricato”. La ley busca también simplificar y transparentar las licitaciones públicas, un sector que en 2024 representó el 6,5% del PIB nacional.
Medidas para la función judicial y regulación financiera
Entre otras medidas, la ley permite declarar emergencia en la Función Judicial para hacer cambios inmediatos que mejoren la administración de justicia. Se crea además la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, órgano autónomo encargado de supervisar políticas económicas, financieras y monetarias.
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