La Ley de Solidaridad Nacional enfrenta su primer gran escrutinio judicial tras el inicio de las audiencias públicas en la Corte Constitucional este lunes 25 de agosto. Los demandantes cuestionan la constitucionalidad de esta controvertida normativa que busca regular el conflicto armado interno en Ecuador.
Durante la sesión telemática presidida por el juez Alí Lozada, se agruparon cinco demandas ciudadanas contra la Ley de Solidaridad Nacional aprobada por el oficialismo. Por tanto, la audiencia se estructuró en tres bloques temáticos para permitir una exposición ordenada de argumentos tanto de demandantes como de autoridades públicas.
Críticas procedimentales marcan el primer bloque
Los accionantes enfocaron sus primeros argumentos en señalar irregularidades en el trámite legislativo de la Ley de Solidaridad Nacional. En consecuencia, sostuvieron que la normativa trata sobre seguridad nacional, no sobre temas económicos, por lo que no calificaría como urgencia económica.
Además, los demandantes argumentaron la falta de unidad de materia, puesto que las disposiciones reformatorias abordan temas sin relación directa con el proyecto original. No obstante, Mercedes Mediavilla, coordinadora General de Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional, defendió el tratamiento otorgado a la iniciativa.
Mediavilla argumentó que el objeto principal era enfrentar las amenazas de la delincuencia organizada, constituyendo efectivamente un tema de urgencia. Asimismo, destacó que la Comisión de Desarrollo Económico recibió comparecencias de autoridades de seguridad, finanzas, abogados especializados y representantes de la sociedad civil.
Debate sobre el conflicto armado interno genera controversia
El segundo bloque de la audiencia sobre la Ley de Solidaridad Nacional se centró en la caracterización del conflicto armado interno. Los demandantes cuestionaron que las bandas delincuenciales cumplan los requisitos internacionales para ser consideradas grupos armados organizados.
Según los accionantes, el derecho internacional humanitario establece que los grupos criminales deben demostrar capacidad de mantener operaciones militares sostenidas y coordinadas. Sin embargo, argumentaron que esta situación no se presenta en Ecuador, donde predominan actos de violencia aislada y esporádica.
Por otra parte, criticaron la creación del delito de pertenecer «circunstancial, directa o indirectamente» a un grupo de crimen organizado. Igualmente, reprocharon el carácter permanente de la militarización y la falta de temporalidad en los decretos de conflicto armado.
El secretario Jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, respondió que se necesitaban medidas contundentes tras la toma de TC Televisión en enero de 2024. Además, argumentó que el armamento actual de los grupos delincuenciales obliga a cambiar el marco jurídico para evitar que sobrepasen las capacidades de las fuerzas públicas.
Gobierno defiende marco jurídico integral
Las autoridades gubernamentales sostuvieron que la Ley de Solidaridad Nacional constituye una respuesta integral a la crisis de inseguridad. Douglas Álvarez, del Ministerio del Interior, enfatizó que la normativa «no busca restringir derechos, sino protegerlos de manera efectiva».
Miguel Mendoza, representante de la Procuraduría, coincidió con los argumentos oficiales y defendió la premura del proyecto debido a la crisis de inseguridad nacional y sus efectos socioeconómicos. Finalmente, las autoridades insistieron en que la ley no contraviene normas constitucionales ni del derecho internacional.
La audiencia continuará desarrollándose mientras la Corte Constitucional evalúa los múltiples cuestionamientos a esta polémica normativa que pretende enfrentar la delincuencia organizada mediante un nuevo marco jurídico integral.
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