La reforma a la Ley de Minería ya está en vigor en Ecuador. Esto ocurrió luego de su publicación en el Registro Oficial, paso que la convirtió oficialmente en ley de la República. La norma fue aprobada por la Asamblea Nacional el 26 de febrero de 2026 y entró en vigencia sin cambios del Ejecutivo.
Aprobación sin veto presidencial
La Asamblea Nacional dio luz verde a la reforma a la Ley de Minería el 26 de febrero de 2026. Posteriormente, el presidente Daniel Noboa ordenó su publicación sin realizar observaciones.
Por lo tanto, la Ley de Minería reformada comenzó a regir de forma inmediata en todo el país. Con esta decisión, el Gobierno ratificó su apoyo a los sectores estratégicos, especialmente minería y energía, que considera claves para atraer inversión y generar empleo.
Cambios centrales que introduce la Ley de Minería
Uno de los cambios más debatidos en la Ley de Minería es la eliminación de la licencia ambiental. En su lugar, ahora se exige una autorización administrativa.
Según el texto aprobado, esta autorización busca agilizar trámites. Sin embargo, el Gobierno asegura que la reforma a la Ley de Minería no reduce los estándares de protección ambiental. Es decir, el objetivo sería simplificar procesos sin afectar el cuidado del entorno.
Además, las autoridades sostienen que la nueva normativa permitirá acelerar proyectos que estaban detenidos por procesos largos.
Rechazo ambientalista a la reforma
No obstante, varias organizaciones ambientalistas expresaron su rechazo a la reforma a la Ley de Minería. A su criterio, el cambio podría facilitar la explotación minera y debilitar los controles actuales.
Por esta razón, advierten que la nueva Ley de Minería podría generar riesgos para ecosistemas frágiles y comunidades cercanas a proyectos extractivos. Asimismo, consideran que la eliminación de la licencia ambiental envía una señal preocupante sobre el control estatal.
Demandas contra la Ley de Minería ante la Corte Constitucional
Para el 3 de marzo de 2026 está prevista la presentación de varias demandas de inconstitucionalidad contra la Ley. Estas acciones buscan que la Corte Constitucional revise el contenido de la reforma.
En consecuencia, el debate sobre la Ley no termina con su publicación. Por el contrario, ahora se traslada al ámbito jurídico, donde se analizará si la normativa respeta los principios ambientales y constitucionales vigentes.
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