La Asamblea Nacional se prepara para votar la controvertida Ley de Inteligencia
Después de siete años desde su presentación y tras cuatro años en la Comisión de Seguridad, el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunciará este 10 de junio sobre el texto definitivo de la Ley de Inteligencia. Durante el segundo debate, el pasado 3 de junio, no se procedió a la votación. En cambio, se recogieron múltiples observaciones por parte de los legisladores, las cuales fueron evaluadas antes de aprobar el documento final el sábado 7 de junio.
A pesar del tiempo transcurrido, subsisten inquietudes, especialmente entre la oposición, que advierte posibles disposiciones inconstitucionales dentro de la Ley de Inteligencia. No obstante, existe consenso general sobre la necesidad de una herramienta legal para combatir al crimen organizado.
¿Qué propone la Ley de Inteligencia?
La Ley de Inteligencia plantea la creación de un Sistema Nacional con siete subsistemas. Estos incluyen unidades especializadas en áreas como inteligencia militar, policial, financiera, tributaria, aduanera y penitenciaria. El director del Sistema será designado por el presidente de la República y deberá cumplir requisitos específicos, aunque no se incluyó una propuesta del PSC que pedía experiencia certificada en el campo.
Una disposición particularmente controversial es la entrega de nuevas identidades, emitidas por el Registro Civil, a agentes de inteligencia. Estas identidades tendrán un uso exclusivamente funcional.
Puntos polémicos de la normativa
1. Gastos especiales y transparencia limitada
El Sistema contará con un fondo para gastos especiales. Aunque público en el presupuesto, su ejecución será clasificada. La Contraloría auditará dichos fondos y luego incinerará la documentación revisada, una práctica justificada como parte de la protección de información sensible.
2. Rendición de cuentas restringida
Solo la Comisión de Seguridad —actualmente controlada por el oficialismo— podrá convocar al ente rector del Sistema. Además, los pedidos de información de la Asamblea deberán cumplir requisitos estrictos de confidencialidad.
3. Acceso a información de operadoras telefónicas
Uno de los aspectos más discutidos de la Ley de Inteligencia es que permite solicitar datos a las operadoras sin necesidad de orden judicial. Esto incluye acceso a comunicaciones históricas, datos técnicos y localización de usuarios.
4. Interceptación de documentos y comunicaciones
La norma faculta al Sistema Nacional de Inteligencia a retener o examinar documentos y comunicaciones por motivos de seguridad. Los pedidos de interceptación deberán pasar por el organismo rector, sin requerir aprobación judicial.
5. Obligaciones de personas naturales y jurídicas
Tanto entidades estatales como privadas, e incluso personas naturales, deberán entregar información requerida por el Sistema. Esta disposición refuerza el carácter obligatorio del suministro de datos.
Posturas divididas dentro de la Asamblea
El legislador Andrés Castillo (ADN) defendió la Ley de Inteligencia, señalando que su objetivo es anticiparse a las amenazas del crimen organizado, no perseguir a opositores. Aclaró que la información obtenida no podrá usarse como prueba judicial.
Sin embargo, legisladores como Franklin Samaniego (RC) y Cristian Benavides (independiente) alertan sobre riesgos relacionados con derechos humanos y vigilancia excesiva. El tema de las escuchas sin orden judicial genera especial preocupación.
La votación de la Ley de Inteligencia será una prueba de fuego para el equilibrio entre seguridad nacional y protección de libertades civiles en Ecuador.
Fuente: PRIMICIAS
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