El movimiento político Pachakutik resolvió demandar la Ley de GAD ante la Corte Constitucional del Ecuador. La organización considera que la normativa afecta la autonomía de prefecturas y municipios y debilita el modelo de descentralización vigente.
La decisión se tomó el 20 de febrero durante un Consejo Político Nacional realizado en Quito. En el encuentro participaron autoridades electas, dirigentes de la Conaie y representantes de otros sectores sociales, en relación con la controversia generada por la Ley de GAD.
El presidente Daniel Noboa envió la ley al Registro Oficial. Por ello, una vez que se publique oficialmente, Pachakutik presentará la acción de inconstitucionalidad ligada a la Ley de GAD.
Ley de GAD genera alerta por la autonomía territorial
Según el movimiento indígena, la reforma con la Ley de GAD modifica competencias clave de los gobiernos seccionales. Además, aseguran que concentra decisiones administrativas y financieras en el nivel central.
En consecuencia, municipios y prefecturas podrían perder margen para planificar obras y ejecutar políticas públicas. Para Pachakutik, esta ley pone en riesgo la descentralización al limitar los recursos propios de cada territorio.
Asimismo, los dirigentes sostienen que la Constitución protege la autonomía política, administrativa y financiera de los GAD. Por tanto, advierten que defenderán ese principio en el ámbito jurídico, especialmente frente a disposiciones contenidas en la Ley de GAD.
Ley se suma a otras tensiones políticas
Durante la misma reunión, Pachakutik también respaldó la revocatoria de mandato contra Daniel Noboa. Con esta resolución, el movimiento amplía su postura crítica frente al Ejecutivo y también frente a la Ley de GAD.
Además, rechazó un acuerdo ministerial que propone jornadas laborales de hasta 12 horas diarias a cambio de más días de descanso. A su criterio, la medida afecta derechos laborales y genera preocupación en distintos sectores, del mismo modo que ocurre con la Ley de GAD.
En este contexto, la Ley de GAD se convierte en un nuevo eje de debate nacional. Mientras el Gobierno defiende la norma, Pachakutik impulsa acciones legales y políticas para frenar su aplicación.
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