Una nueva versión de la Ley para enfrentar las economías criminales llegará al Pleno
Con nuevo nombre y objetivos reformulados, el proyecto de Ley para enfrentar las economías criminales, enviado con carácter económico urgente por el presidente Daniel Noboa, se encamina hacia su primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Desde la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Valentina Centeno de Acción Democrática Nacional (ADN), la propuesta fue rebautizada como “Ley de Solidaridad Nacional”. Esta reformulación permitió introducir modificaciones sustanciales que, según sus promotores, recogen observaciones clave y disipan preocupaciones expresadas por varios bloques legislativos.
Acercamientos políticos tras modificaciones sustanciales
Los cambios al texto original lograron consolidar el apoyo de Pachakutik, que ha respaldado al oficialismo en las primeras votaciones del periodo. Seis legisladores de esa bancada manifestaron su conformidad con el informe de primer debate de la Ley para enfrentar las economías criminales.
Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta de la Asamblea, explicó que se eliminó un artículo ambiguo respecto a la protesta social. Según indicó, podría haberse utilizado para criminalizar a líderes comunitarios en el contexto del conflicto armado interno.
Asimismo, fueron moderadas varias atribuciones originalmente otorgadas al Bloque de Seguridad, lo que fue celebrado por Pachakutik. Estas modificaciones reflejan un cambio de enfoque más garantista.
Diferencias entre el proyecto original y el nuevo informe
El documento original contenía 32 artículos; la versión revisada para primer debate, apenas 14. No obstante, se incorporaron más disposiciones generales, reformatorias y transitorias. Este cambio estructural refleja una estrategia legislativa más acotada pero no menos significativa.
Uno de los principales ajustes al objetivo general de la Ley para enfrentar las economías criminales es el enfoque. El texto enviado por el Ejecutivo proponía medidas financieras, tributarias y de seguridad para combatir economías delictivas asociadas al conflicto armado. En cambio, la Comisión reformuló el objetivo hacia el fortalecimiento institucional de las fuerzas del orden.
Aspectos penales bajo revisión
La propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) fue uno de los puntos más controversiales. La Ley para enfrentar las economías criminales incluía cambios que, según juristas y legisladores, podrían ser inconstitucionales.
Por ejemplo, en el tema de indultos, el Ejecutivo sugería permitirlos sin sentencia condenatoria. La Comisión propuso condicionar el indulto a la conclusión de etapas procesales previas, manteniendo la presunción de inocencia.
Respecto a la pertenencia a grupos armados, la Asamblea incluyó sanciones para quienes colaboren ocasionalmente con organizaciones ilegales, incluso sin ser parte de ellas formalmente. También se limitó el alcance de allanamientos sin orden judicial, exigiendo informes de inteligencia y control judicial posterior.
Otras modificaciones relevantes
En cuanto a las detenciones, la palabra fue reemplazada por «aprehensión», con un límite extendido a 48 horas. Aunque se mantiene la prisión preventiva como medida cautelar, los legisladores recordaron que no debe constituirse como regla general.
Sobre el juzgamiento, el Ejecutivo proponía audiencias en 15 días. La Asamblea sugiere 90 días, con base en criterios de expertos penalistas.
Además, la Ley para enfrentar las economías criminales incorpora incentivos tributarios. Se contempla una rebaja de hasta el 30% del Impuesto a la Renta por donaciones en equipamiento o inmuebles destinadas a la fuerza pública.
Lo que sigue en el trámite legislativo
El primer debate de esta reformulada Ley para enfrentar las economías criminales será el viernes 30 de mayo a las 09:00. El Gobierno espera contar con respaldo del Partido Social Cristiano (PSC) y de la facción de Pachakutik.
Tras el debate, el texto regresará a la Comisión de Desarrollo Económico para la incorporación de observaciones. El informe para segundo debate deberá estar listo hasta el 15 de junio de 2025.
Fuente: PRIMICIAS
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