La Ley Antimafias Ecuador entró en debate este 27 de agosto de 2026. La Asamblea Nacional analiza cambios para combatir las estructuras del crimen organizado.
El proyecto se denomina Ley Orgánica de Recuperación Productiva y Territorial Frente al Crimen Organizado. La iniciativa busca modificar disposiciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Además, plantea cambios relacionados con la extinción de dominio. El objetivo consiste en afectar las estructuras económicas de las organizaciones delictivas.
La propuesta todavía no es una ley vigente. Primero deberá superar nuevas etapas dentro de la Asamblea Nacional.
¿Qué penas propone la Ley Antimafias?
El proyecto plantea aumentar las sanciones contra quienes formen u organicen estructuras dedicadas a actividades ilícitas.
La reforma modifica el artículo 369 del COIP. Ese artículo regula actualmente el delito de delincuencia organizada.
Según el proyecto analizado en primer debate, la pena base subiría de 22 a 26 años de prisión.
La propuesta aplicaría a quienes constituyan u organicen grupos de tres o más personas. El proyecto vincula esta conducta con fines económicos ilícitos.
Sin embargo, la pena podría aumentar cuando la organización participe en determinados delitos.
Estos delitos podrían elevar la condena hasta 30 años
El proyecto plantea una pena de hasta 30 años de privación de libertad cuando las organizaciones cometan delitos específicos.
Entre ellos aparecen:
- Terrorismo.
- Sicariato.
- Minería ilegal.
- Trata de personas.
- Lavado de activos.
La propuesta busca elevar el costo penal para quienes dirijan o integren estructuras criminales.
¿Qué pasaría con quienes ayuden a las mafias?
Otro punto del proyecto se concentra en personas que colaboren con organizaciones delictivas sin formar parte directamente de ellas.
La propuesta contempla penas de 10 a 13 años de prisión para determinados colaboradores externos.
La medida incluye servicios de asesoría financiera, tecnológica o contable. El proyecto apunta así a quienes podrían facilitar el funcionamiento de estas estructuras.
Este punto genera especial interés porque amplía el enfoque más allá de quienes ejecutan directamente los delitos.
¿Qué propone para los abogados?
El proyecto también plantea consecuencias para abogados que colaboren con organizaciones criminales.
La iniciativa establece la pérdida de la licencia profesional cuando exista una sentencia ejecutoriada por colaboración con el crimen organizado.
La medida no plantea sancionar la defensa legal por sí misma. El texto vincula la consecuencia profesional con una sentencia ejecutoriada.
Por lo tanto, el alcance exacto dependerá de la redacción definitiva que apruebe la Asamblea.
¿El Estado podría utilizar bienes incautados?
La iniciativa también introduce cambios sobre bienes vinculados con actividades ilícitas.
El proyecto permitiría al Estado utilizar temporalmente propiedades o vehículos incautados. Esta posibilidad operaría antes de una resolución judicial definitiva sobre su destino.
La propuesta busca evitar que determinados bienes permanezcan sin utilización durante los procesos.
Sin embargo, este mecanismo plantea preguntas sobre su aplicación práctica.
¿Por qué existen críticas dentro de la Asamblea?
El proyecto recibió respaldo y cuestionamientos durante el primer debate.
El bloque de Acción Democrática Nacional (ADN) defendió la iniciativa. Sus representantes sostuvieron que el Estado necesita herramientas más ágiles contra el crimen organizado.
Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, también respaldó el fortalecimiento de las medidas contra estas estructuras.
Por otro lado, Revolución Ciudadana (RC) cuestionó varios aspectos técnicos del proyecto.
El asambleísta Gerardo Machado advirtió sobre posibles problemas derivados de tipos penales abiertos. Según su posición, podrían producir interpretaciones diferentes dentro del sistema judicial.
Además, Machado calificó los aumentos de penas como una expresión de “populismo penal”.
La bancada también cuestionó disposiciones relacionadas con la prisión preventiva. Su argumento apunta a la necesidad de demostrar circunstancias individuales para justificar esa medida.
¿Qué plantea el PSC sobre las penas?
El Partido Social Cristiano (PSC) presentó otra propuesta durante el debate.
El asambleísta Alfredo Serrano pidió eliminar el límite de acumulación de 40 años vigente en la legislación ecuatoriana.
Su planteamiento busca sumar las penas correspondientes a cada delito cometido.
Esto cambiaría la forma en que se aplicaría el límite máximo de cumplimiento de condenas. Sin embargo, la propuesta todavía forma parte del debate legislativo.
¿Qué sigue después del primer debate?
La Asamblea Nacional no aprobó todavía el proyecto como ley definitiva.
Después de recoger las observaciones de los legisladores, el texto regresará a la Comisión de Seguridad.
Esa comisión deberá analizar las propuestas y preparar el informe correspondiente para el segundo debate.
Posteriormente, el Pleno deberá discutir nuevamente el proyecto. Allí podrían producirse nuevos cambios antes de una eventual votación definitiva.
Por ahora, las penas de 26 y hasta 30 años, la sanción para colaboradores externos y el uso temporal de bienes permanecen como propuestas.
El contenido final dependerá de las modificaciones que realice la Asamblea durante el trámite legislativo.
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Fuente: https://www.expreso.ec/
