El debate sobre una posible ley antimafia en Ecuador toma fuerza en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país. La propuesta surgió tras las declaraciones del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, quien planteó la necesidad de reformar el modelo actual de combate al crimen organizado.
Expertos en seguridad, derecho penal y criminología coinciden en que el sistema ecuatoriano fue diseñado para perseguir delitos individuales. Sin embargo, las organizaciones criminales actuales operan con estructuras complejas, redes financieras y capacidad de infiltración institucional.
Por ello, la discusión sobre una ley antimafia en Ecuador ya no se centra únicamente en aumentar penas, sino en modificar el enfoque estatal frente a las mafias.
Un sistema penal limitado frente a redes criminales
Actualmente, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) se enfoca principalmente en sancionar conductas individuales. No obstante, especialistas sostienen que este modelo resulta insuficiente ante organizaciones transnacionales que funcionan de manera articulada.
Según el abogado penalista Julio César Cueva, el verdadero desafío consiste en desarticular las estructuras económicas y políticas que sostienen al crimen organizado. En consecuencia, perseguir solamente a sicarios o microtraficantes genera impactos limitados.
Además, analistas advierten que muchas de estas organizaciones poseen características empresariales. Es decir, manejan recursos financieros, control territorial e incluso mecanismos de corrupción dentro de instituciones públicas.
Por esa razón, una ley antimafia en Ecuador buscaría incorporar herramientas jurídicas más sofisticadas y eficientes.
¿Qué implicaría una ley antimafia?
La propuesta técnica contempla varios mecanismos que actualmente son limitados o inexistentes dentro del sistema ecuatoriano. Entre ellos destacan:
Persecución patrimonial
Uno de los principales objetivos sería seguir el dinero y no únicamente a los autores materiales de los delitos. De esta manera, el Estado podría afectar directamente la capacidad económica de las mafias.
Extinción de dominio eficiente
La normativa también impulsaría decomisos rápidos y mayor control estatal sobre bienes vinculados al crimen organizado.
Investigación especializada
Asimismo, se plantea fortalecer herramientas investigativas como:
- Agentes encubiertos
- Inteligencia financiera
- Interceptaciones
- Seguimiento de redes económicas
Estas capacidades permitirían enfrentar organizaciones criminales altamente sofisticadas.
Responsabilidad empresarial
Otro punto relevante sería sancionar empresas utilizadas como fachada para lavado de activos o actividades ilícitas.
Protección institucional
Finalmente, especialistas consideran indispensable reforzar la seguridad de jueces, fiscales y testigos, debido al elevado riesgo que implica enfrentar estructuras mafiosas.
El dinero y la corrupción como núcleo del problema
Expertos sostienen que el poder de las mafias no depende exclusivamente de la violencia. Por el contrario, su fortaleza radica en la capacidad económica y en la infiltración institucional.
Julio César Cueva enfatiza que golpear las finanzas criminales podría generar efectos más profundos que encarcelar operadores de bajo nivel. En paralelo, el director de la Escuela de Riesgo de la UIDE, Wilson Goyes, considera que Ecuador debe observar el modelo italiano.
Según explica, Italia logró combatir organizaciones como la Cosa Nostra mediante persecución patrimonial, tribunales especializados y aislamiento carcelario de líderes mafiosos.
Además, Goyes señala que Ecuador comparte una característica sensible: el lavado de dinero dentro de la economía formal.
Italia y El Salvador: dos modelos distintos
El debate sobre una ley antimafia en Ecuador también incluye comparaciones internacionales.
El modelo italiano
Italia desarrolló un esquema centrado en:
- Persecución financiera
- Investigación especializada
- Rigor institucional
- Control patrimonial
Para varios analistas, este sistema se adapta mejor a la realidad ecuatoriana.
El modelo salvadoreño
En contraste, El Salvador aplicó regímenes de excepción prolongados, detenciones masivas y suspensión de garantías constitucionales para combatir pandillas.
Sin embargo, especialistas consideran que replicar ese modelo sería complejo en Ecuador debido a los límites constitucionales existentes.
Riesgos de una ley antimafia mal estructurada
Aunque el debate gana respaldo, expertos advierten sobre posibles riesgos. Una normativa mal diseñada podría provocar abusos de poder, persecución política o vulneraciones a derechos fundamentales.
Por ello, analistas insisten en que la efectividad de una ley antimafia en Ecuador dependerá de la calidad institucional, los controles jurídicos y la transparencia estatal.
Además, el criminólogo Gabriel Torres sostiene que el fenómeno criminal ecuatoriano ya superó la lógica tradicional del narcotráfico. Actualmente, las organizaciones criminales tienen capacidad para infiltrar economías legales y penetrar instituciones públicas.
En consecuencia, el desafío para Ecuador consiste en construir herramientas legales eficaces sin afectar las garantías constitucionales ni el Estado de derecho.
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