En una entrevista con Radio Sucesos en el programa Impacto Informativo, el doctor Leonardo Alarcón entregó una radiografía de los procesos de mayor impacto: Sinohydro, Amigo, Progen, Triple A, Goleada y Villavicencio
Quito, Ecuador.- El fiscal general del Estado encargado, doctor Leonardo Alarcón, concedió una entrevista el 22 de julio de 2026 al programa Impacto Informativo de Radio Sucesos, conducido por Edgar Vásquez, en la que abordó los principales procesos judiciales a cargo de la Fiscalía General del Estado, respondió a las acusaciones de persecución política y denunció amenazas directas a su persona, a sus colaboradores y a sus familias.
Sinohydro: Fiscalía pide 6 años y 6 meses para el expresidente Lenín Moreno
El fiscal general encargado confirmó que, en su alegato de cierre del juicio por el caso Sinohydro, la Fiscalía solicitó al tribunal una pena de 6 años y 6 meses de privación de libertad para el expresidente Lenín Moreno por el presunto delito de cohecho. El pedido se fundamenta en los artículos 285 numeral 2 y 290 del Código Penal vigente a la fecha de comisión de los hechos, y considera la existencia de agravantes.
Alarcón precisó que la acusación se sostiene sobre 31 jornadas de audiencia de juicio, con un acervo probatorio que incluyó pericias técnicas y financieras, testimonios y asistencias penales internacionales solicitadas a Panamá y a Estados Unidos. «Hemos podido demostrarle al tribunal que precisamente se ha cometido este delito«, afirmó. El tribunal conformado por los jueces Manuel Cabrera (ponente), Daniela Camacho y Julio Inga deberá deliberar y emitir su resolución.
Movimiento Amigo: «No pedí la suspensión; cumplí una obligación legal»
Sobre la suspensión del movimiento Amigo, Alarcón fue enfático en despejar una confusión que circula en redes sociales: la Fiscalía no suspendió al movimiento político. Lo que hizo el Ministerio Público fue cumplir la obligación establecida en el artículo 374, numeral 3, del Código de la Democracia, que obliga al fiscal general a informar al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) cuando exista una investigación por presunto lavado de activos que involucre directamente a una organización política.
«Al no hacerles conocer yo a los señores miembros del TCE, estoy cometiendo una omisión en calidad de fiscal general del Estado«, explicó. Precisó que la denuncia contra Amigo llegó a través del 1-800-DELITOS y fue procesada por la unidad de antilavado de activos de la Fiscalía. Fue el TCE quien, en ejercicio de su competencia exclusiva, resolvió ordenar la suspensión provisional. «Quiénes suspenden o no son los miembros del Tribunal Contencioso Electoral«, subrayó.
Ante la acusación de que la diligencia se realizó deliberadamente antes de las inscripciones de candidaturas, el fiscal respondió: «No se trata de que tengo que hacerlo en un momento adecuado. Es el momento que ingresó la denuncia«. Descartó además cualquier coordinación con el gobierno: «Yo no soy instrumento ni de este gobierno ni de ninguna persona«, afirmó, y negó haber mantenido conversaciones con el presidente Daniel Noboa o con dirigentes de ADN.
Caso Progen: instrucción en el día 30, Roberto Luque ya rindió versión y no se descartan más vinculados
Respecto al denominado caso Progen o Apagón, el fiscal confirmó que la instrucción fiscal se encuentra aproximadamente en su día 30 de un plazo de 90 días, ampliable a 120 en caso de nuevas vinculaciones. En ese marco, Alarcón adelantó que no descarta la incorporación de más personas al proceso, en función de los elementos de convicción que se recaben.
Sobre el exministro encargado de Energía Roberto Luque, señalado por la Comisión Nacional Anticorrupción y por la oposición como posible involucrado, Alarcón confirmó que ya fue llamado a dar versión y a ampliarla. «La Fiscalía está actuando en apego absoluto a la objetividad«, dijo, y aclaró que para vincular a cualquier persona —sea o no ministro de Estado— se requieren elementos de convicción suficientes. Respecto al escrito presentado ese mismo día por la Comisión Nacional Anticorrupción, indicó que será analizado y que recibirá una respuesta formal.
Triple A y Goleada: dos delitos distintos, no dos veces el mismo caso
Frente a la crítica de las defensas de que ambos casos parten de la misma fuente, el fiscal explicó con precisión la diferencia procesal: el caso Triple A investiga la comercialización ilegal de combustibles, mientras que el caso Goleada investiga el presunto lavado de activos generado con las ganancias de ese esquema. «El dinero que ingresó de la comercialización ilegal de combustibles fue inyectado a las empresas creadas en el caso Goleada, y es ahí donde se compraron bienes muebles e inmuebles«, detalló.
Informó que el caso Goleada ya concluyó la instrucción fiscal y se espera la fijación de la audiencia preparatoria de juicio. El caso Triple A, por su parte, continúa en juicio oral, con reinstalación de audiencias previstas para el viernes, sábado y domingo de esa semana.
Caso Villavicencio: investigaciones abiertas por chats con Jordán y Serrano
Sobre el caso del magnicidio del periodista Fernando Villavicencio, el fiscal confirmó que la Fiscalía ha obtenido elementos de convicción de dispositivos electrónicos que vinculan presuntamente a Javier Jordán y al exministro del Interior José Serrano con el delito. La audiencia preparatoria de juicio ya concluyó y la fiscal del caso los acusó formalmente. Se aguarda la resolución de llamamiento a juicio.
Respecto a que ambos se encuentran en Estados Unidos, Alarcón recordó que la Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia ya solicitaron la difusión roja y la extradición de los dos procesados. «Esto se nos sale de la órbita de la Fiscalía, por cuanto estamos pidiendo a los Estados Unidos, que no es nuestra jurisdicción«, explicó. Sobre los chats relacionados con el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, indicó que ya existen investigaciones previas abiertas y reservadas por esas circunstancias.
Amenazas personales: «Nos estamos jugando la vida en este puesto»
En el tramo final de la entrevista, el fiscal general encargado reveló que la semana previa recibió amenazas directas a su teléfono personal, en las que se mencionaba a su familia y a los colaboradores del área jurídica de la Fiscalía. «Me amenazaron a mí en mi teléfono personal. Le amenazaron a mi familia, que nos cuidemos por lo que estamos haciendo«, relató.
Alarcón vinculó estas presiones con el avance simultáneo de los casos de alto impacto y recordó que, al inicio de las audiencias de Sinohydro, varios asesores jurídicos de la Fiscalía que conocían el expediente renunciaron de forma repentina. «Esto no es casualidad. Nosotros nos estamos jugando la vida aquí en este puesto«, afirmó. Señaló que las denuncias correspondientes han sido presentadas y que se ha solicitado el apoyo de la Policía Nacional para resguardar la seguridad de sus funcionarios.
Posición institucional: «Actuamos bajo la norma. No habrá impunidad»
A lo largo de la entrevista, el fiscal general encargado reiteró que todas las actuaciones de la Fiscalía se sustentan en elementos de convicción verificables, en el marco legal vigente y con pleno respeto a las garantías constitucionales de los procesados. «No se trata de persecución política. Ya un juez nos está dando la razón«, señaló en referencia al llamamiento a juicio en el caso Triple A.
«Se litiga en los tribunales de justicia, no ante los portales digitales. Nada se ha inventado«, concluyó, y reafirmó el compromiso institucional con la investigación de todos los casos en curso, sin distinción de la condición política o el cargo de los investigados.
