En una votación llevada a cabo hoy lunes, los legisladores israelíes aprobaron un proyecto de ley fundamental para el controvertido plan del primer ministro Benjamin Netanyahu destinado a reformar el sistema judicial del país.
Oposición protesta y abandona la cámara
Antes de la votación, los 56 Legisladores israelíes de la oposición rompieron copias del proyecto de ley y corearon «¡Vergüenza!» antes de abandonar la cámara en señal de protesta.
Ministro de Justicia elogia la aprobación
Tras la votación, el ministro de Justicia, Yariv Levin, uno de los principales impulsores del plan de reforma, pronunció un discurso ante el Parlamento israelí, en el cual elogió la aprobación como «el primer paso en el proceso histórico de corregir el sistema judicial y devolver poderes al Gobierno».
Manifestantes en las calles
Afuera del edificio del Parlamento, miles de manifestantes se concentraron ondeando banderas israelíes. La policía trató de dispersarlos con cañones de agua y detuvo a al menos 19 personas, según informó en un comunicado.
Protestas continúan en Jerusalén y Tel Aviv
Después de la votación, estallaron más protestas en Jerusalén y Tel Aviv, donde las personas bloquearon partes de la autopista Ayalon, la principal autopista interurbana de Israel.
Resistencia a la reforma
La iniciativa de ley fue aprobada a pesar de una protesta nacional contra la reforma que ha durado 29 semanas consecutivas. El Gobierno de coalición, compuesto por partidos de extrema derecha y ultrarreligiosos, que tomó posesión a finales de diciembre, también ignoró los llamados a detener el proyecto de ley hechos por líderes empresariales, expertos jurídicos e incluso Estados Unidos, el aliado más cercano de Israel.
Preocupaciones en el ejército
Más de 11.000 reservistas militares, incluidos pilotos, advirtieron que no se incorporarían a los servicios si se aprobaba el proyecto de ley, lo que generó preocupaciones entre los oficiales del ejército de que la preparación militar del país pueda verse afectada.
Objetivo del proyecto de ley
La ley cancela la facultad del Tribunal Supremo de anular las decisiones de los ministros que considere «irrazonables» y es una pieza clave del plan de división de Netanyahu para debilitar al Tribunal Supremo y reconfigurar el sistema judicial.
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