La violencia y el crimen organizado no solo enlutan al Ecuador con cifras alarmantes de muertes y desplazamientos, sino que además generan un fuerte retroceso en la economía nacional. Así lo revela el más reciente Índice de Paz Global 2025 del Instituto para la Economía y la Paz (IEP). Este índice calcula el costo económico de la violencia en más de USD 19.758 millones anuales. Eso equivale a cerca del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Esto representa un incremento sustancial frente al 6% que representaba desde 2018. Además, ubica a Ecuador entre los países con mayor deterioro de la paz a nivel mundial. Solo es superado por Israel.
Un costo económico de USD 1.500 por persona
El IEP, centro de estudios con sede en Sídney, Australia, estima que la violencia en Ecuador representa un gasto de USD 1.500 por persona. Esto considera no solo los costos directos de seguridad, justicia y atención médica, sino también los impactos indirectos. Ejemplos de estos son la pérdida de productividad, la reducción de inversión, y la afectación al consumo y al empleo.
Adicionalmente, el efecto multiplicador proyecta que el país podría haber generado más de USD 29.000 millones adicionales. Esto sería posible si estos costos derivados de la violencia hubieran sido evitados.
La inseguridad ahuyenta inversiones y paraliza sectores productivos
Las organizaciones criminales en Ecuador han alcanzado niveles de influencia que afectan directamente al aparato productivo nacional. Documentos oficiales del Gobierno reconocen que estas estructuras han causado la interrupción de cadenas logísticas, fuga de capitales, y parálisis en zonas industriales. Además, hay extorsiones generalizadas a empresarios y pérdida de confianza para la inversión.
El impacto ha sido tan severo que el propio Ejecutivo ha tenido que justificar el alza del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15%. Este cambio se hizo como una medida para financiar la guerra declarada contra 22 bandas criminales. La guerra costó al Estado más de USD 1.020 millones solo en 2024. Esta alza generó una recaudación adicional de USD 1.300 millones en ese mismo año.
Ecuador, entre los países con mayor deterioro en el índice de paz
El informe del IEP coloca a Ecuador en el puesto 129 entre 163 países. En seguridad y protección social, el país tiene un puntaje de 3.041, equiparable al de Corea del Norte y Rusia. Estas cifras reflejan la grave situación que vive el país. El aumento de homicidios, secuestros, extorsiones y desplazamientos internos afecta no solo a la sociedad civil. Esto impacta también las condiciones estructurales del crecimiento económico.
Según el IEP, entre 2022 y 2024, los casos de extorsión se triplicaron. En el mismo período, los secuestros extorsivos aumentaron en un 150%. Esto ha generado un entorno de miedo que limita la apertura de nuevos negocios. Además, contrae la inversión extranjera y obliga a muchos emprendedores a cerrar operaciones.
La violencia se convierte en una barrera al desarrollo
El informe del IEP es claro al advertir que la violencia no solo es un problema de seguridad. También es una barrera estructural al desarrollo económico y social del país. Las consecuencias se sienten en múltiples sectores. Ejemplos son el encarecimiento de la seguridad privada y la disminución de ingresos fiscales por menor actividad económica.
Ecuador, además, se ha convertido en el tercer país de América con más desplazados por violencia. Esto agrava el panorama social y provoca presión sobre los servicios públicos, el sistema educativo y la infraestructura urbana.
Un llamado urgente a revertir la tendencia
El alto costo de la violencia en Ecuador es una señal alarmante para el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Más allá de las medidas policiales o militares, se requiere una estrategia integral. Esta debe incluir desarrollo social, reforma institucional, educación, empleo juvenil y fortalecimiento del Estado de derecho. Así, se puede reducir la dependencia del país a economías criminales.
El camino hacia la paz y la estabilidad no solo es una aspiración moral. También es una necesidad económica impostergable si Ecuador quiere recuperar su potencial de crecimiento y bienestar.
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