La presidente de Perú, Dina Boluarte, defendió enérgicamente el estado de emergencia declarado en San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, en el departamento de Lima, así como en siete localidades de Sullana, en Piura, que involucra la participación del Ejército en labores de seguridad.
Desde la sede de Perú en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Boluarte respondió a las preguntas de periodistas peruanos que mostraron inquietudes sobre esta medida destinada a combatir la delincuencia y la criminalidad.
La mandataria enfatizó que no se trata de una improvisación y que esta decisión se tomó de manera cuidadosa en respuesta a las solicitudes de las autoridades locales. Aunque reconoció que en años anteriores se había declarado el estado de emergencia sin resultados significativos, instó a esperar los 90 días para evaluar los efectos de esta acción.
Boluarte subrayó que la inseguridad ciudadana es un problema histórico debido a la falta de atención de las autoridades y gobiernos anteriores, y destacó que su administración está escuchando las preocupaciones de la población.
El estado de emergencia implica la restricción de reuniones y concentraciones de personas, incluyendo eventos sociales y espectáculos, desde la medianoche hasta las 04:00 de la madrugada. También se suspenden temporalmente ciertos derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Durará 60 días, y durante este período, la Policía Nacional del Perú contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas para mantener el control del orden interno en las zonas que lo requieran.
Además, desde que Boluarte anunció esta medida en la Asamblea General de la ONU, varias autoridades locales han solicitado la extensión del estado de emergencia a sus regiones, y un grupo de vecinos y el alcalde de Pachacamac se movilizaron hacia el Palacio de Gobierno y el Congreso de la República para expresar sus preocupaciones sobre el aumento de la delincuencia.
A pesar de la defensa de Boluarte, las críticas no han cesado. Organizaciones como Human Rights Watch y el parlamentario retirado Roberto Chiabra han cuestionado la eficacia de esta medida, abogando por una política de seguridad más integral y efectiva, que incluya investigaciones más sólidas y una reforma policial. Chiabra también recordó que Lima y Callao estuvieron en estado de emergencia durante 2022 para combatir la inseguridad sin obtener resultados significativos debido a la falta de una estrategia coherente.
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