Pueblos indígenasLa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) emitió una denuncia pública el pasado 29 de mayo de 2025 enérgicamente el desalojo de la sede en la Amazonía de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), ubicada en la provincia amazónica de Morona Santiago. Según la organización, el operativo se llevó a cabo de manera abrupta., sin orden judicial alguna y con el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Además, no hubo orden judicial alguna y se utilizó excesiva fuerza por parte de la Policía Nacional.
El hecho ha generado una ola de indignación entre organizaciones sociales, pueblos indígenas y defensores de los derechos humanos. Estos consideran este acto como una violación a los derechos colectivos. También afecta la autonomía de los pueblos originarios de la Amazonía ecuatoriana.
Acusaciones de complicidad con una minera canadiense
La CONAIE responsabilizó directamente a la empresa minera canadiense Lowell-Solaris de haber actuado en complicidad con las autoridades policiales durante el desalojo. Según el testimonio de líderes indígenas, el operativo tuvo lugar sin diálogo previo ni mediación legal. Se percibe como parte de un intento por debilitar la resistencia comunitaria a los proyectos extractivos en la región.
Cabe recordar que la FICSH ha mantenido históricamente una postura de defensa del territorio ancestral frente a las actividades mineras. Estas actividades amenazan la biodiversidad, los recursos hídricos y la integridad cultural del pueblo Shuar.
Un proceso que califican como ilegal y violento
Desde las organizaciones indígenas y de derechos humanos, el desalojo fue descrito como un proceso ilegal, arbitrario y violento. La Policía, según los testimonios, irrumpió en el inmueble sin presentar documentación legal que justificara la intervención. Además, se reportaron actos de intimidación hacia los dirigentes presentes y la destrucción de bienes materiales de la federación.
La CONAIE manifestó su profunda preocupación por la creciente criminalización de las organizaciones indígenas. Además, denunció el uso de la fuerza estatal para beneficiar intereses económicos privados, en especial en zonas consideradas estratégicas por su riqueza minera.
Impacto en la lucha por los derechos territoriales
El desalojo de la FICSH no solo representa un ataque directo a una de las organizaciones más representativas del pueblo Shuar. También simboliza un nuevo capítulo en la lucha por los derechos territoriales en el Ecuador. La sede desalojada no era únicamente un espacio físico, sino un centro de articulación política, social y cultural. Allí se gestaban procesos de defensa territorial y fortalecimiento organizativo.
Para la CONAIE, lo sucedido refleja un patrón sistemático de vulneración de los derechos colectivos. Esto ocurre en el marco de una política extractivista. Dicha política prioriza la explotación de recursos por encima de la autodeterminación de los pueblos originarios.
Demandas y exigencias de las organizaciones indígenas
En su comunicado, la CONAIE exige:
- La inmediata restitución de la sede de la FICSH.
- Una investigación transparente sobre los hechos ocurridos, con sanciones para los responsables.
- La suspensión de las actividades mineras de Lowell-Solaris en el territorio ancestral Shuar.
- El respeto a los derechos colectivos consagrados en la Constitución del Ecuador y en convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT.
Además, hicieron un llamado a la solidaridad nacional e internacional. Asimismo, invitaron a los organismos de derechos humanos para que se mantengan vigilantes frente a lo que consideran una escalada de represión contra los pueblos indígenas del país.
Contexto de tensiones entre el Estado, las comunidades y las empresas extractivas
Este episodio se inscribe en un contexto más amplio de tensiones entre las comunidades indígenas del Ecuador y los intereses extractivos respaldados por el Estado o por corporaciones multinacionales. En años recientes, varias organizaciones han denunciado desalojos, amenazas, procesos judiciales y campañas de deslegitimación dirigidas contra líderes comunitarios que se oponen a proyectos mineros, petroleros o hidroeléctricos.
El conflicto evidencia la falta de aplicación efectiva de mecanismos de consulta previa, libre e informada. Esto pone en entredicho el compromiso del Estado con los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas.
Reacción de la sociedad civil y próximos pasos
Distintas organizaciones sociales, académicas y de defensa de los derechos humanos se han pronunciado en respaldo a la CONAIE y a la FICSH. Se prevé la realización de movilizaciones, foros de denuncia y acciones legales para revertir el desalojo y fortalecer la resistencia frente al avance del extractivismo.
La CONAIE, por su parte, ha anunciado que elevará el caso a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pretenden denunciar lo que consideran una grave violación de derechos fundamentales.
Fuente: RT Actualidad
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