El sistema judicial de Ecuador ha dado un paso significativo al reconocer como desaparición forzada el caso de cuatro menores que desaparecieron el pasado 8 de diciembre en Guayaquil. Según la jueza Tanya Loor, existen evidencias suficientes para establecer responsabilidades estatales en este trágico suceso.
Detención irregular y desaparición
Los menores Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, junto con Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11), desaparecieron tras ser detenidos por militares cerca del barrio Las Malvinas, en Guayaquil. Videos difundidos en redes sociales muestran a uniformados embarcando a los niños en una camioneta militar, donde fueron golpeados y trasladados hacia la base de Taura. Sin embargo, a partir de ese momento, se perdió todo rastro de los menores.
El fiscal Christian Fárez ha señalado que no existen pruebas que vinculen a los niños con ningún acto ilícito. Además, denunció que los militares incumplieron con los procedimientos legales obligatorios, como notificar al sistema ECU 911 y entregar a los menores a las autoridades policiales competentes.
Acciones judiciales y medidas adoptadas
La Fiscalía ha iniciado procesos para formular cargos contra 16 militares, acusándolos del delito de desaparición forzada. Estos soldados, pertenecientes a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), están actualmente bajo custodia militar, según confirmó el Ministerio de Defensa.
Por otro lado, la jueza Loor ha ordenado la activación de protocolos de búsqueda en todo el país y la formación de una comisión multidisciplinaria para investigar los hechos. Además, exigió a la Defensoría del Pueblo capacitar a las Fuerzas Armadas en derechos humanos, enfocándose en la protección de menores.
Reacciones internacionales y sociales
Organizaciones de derechos humanos y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU han instado al Estado ecuatoriano a implementar un plan integral para localizar a los menores. Mientras tanto, la sociedad civil ha respondido con protestas frente a la Fiscalía, exigiendo justicia y claridad en un caso que ha conmocionado a toda la nación.
Un caso que exige justicia
La desaparición de estos cuatro menores resalta la necesidad de reformas profundas en los protocolos militares y en la protección de los derechos humanos. Este caso no solo pone en evidencia graves fallos en los procedimientos estatales, sino que también subraya la urgencia de garantizar justicia para las víctimas y sus familias.
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