En un giro de los hechos que mantiene en vilo al panorama político boliviano, la justicia decidió este jueves prolongar la incertidumbre, al postergar la audiencia para definir la validez o no del congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) que proclamó a Evo Morales candidato para el 2025 y decidió la expulsión del presidente Luis Arce de este partido.
La Sala Constitucional Primera de Santa Cruz debió resolver la tarde de este jueves el «amparo constitucional» presentado por la ejecutiva de las Bartolinas, Felipa Montenegro, en contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) y la convocatoria el congreso del MAS-IPSP en Lauca Ñ, en Cochabamba (centro), clausurado el miércoles, un día antes de lo programado.
La audiencia se pospuso hasta el 23 de octubre debido a la ausencia de uno de los dos vocales, quien no pudo asistir debido a problemas de salud.
Según el abogado que defiende la facción de Evo Morales, el exviceministro de Justicia Diego Jiménez, esta situación inesperada ha dejado a todos los involucrados en un estado de expectación y suspenso.
Desde la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Originarias Bartolina Sisa de Santa Cruz, se lamentó la postergación de la audiencia y se denunció lo que se percibió como una «chicana jurídica».
La demandante del amparo acusa a la dirección nacional del MAS, liderada por Evo Morales, de incumplir el artículo 13 del Estatuto Orgánico del partido al no haber concertado la convocatoria al congreso con las organizaciones matrices de campesinos, indígenas, interculturales y originarios.
La Sala Constitucional Primera de Santa Cruz admitió la acción el miércoles por la mañana y emitió una orden de «suspensión de la convocatoria al X congreso del MAS-IPSP», hecho que no sucedió.
El congreso culminó ayer con la reelección de Evo Morales como presidente del MAS y como candidato para los comicios del 2025. Además, definió la «autoexpulsión» del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca de este partido por no asistir a este encuentro.
En términos de procedimiento, la Sala Constitucional tiene dos opciones: conceder el amparo o rechazarlo.
Si decide conceder el amparo, según los impulsores de este recurso, implicará la anulación de todo el proceso desde la convocatoria del congreso y la emisión de una nueva invitación con la participación de todas las organizaciones sociales.
La otra posibilidad es que rechace el amparo constitucional, lo que validará todas las decisiones tomadas en el congreso, que fue supervisado por personal del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), dependiente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En tanto, varias organizaciones sociales matrices junto a la Central Obrera Boliviana (COB) anunciaron el encuentro de más de un millón de seguidores en un cabildo nacional en la ciudad de El Alto (oeste) el 17 de octubre para rechazar el congreso y definir la reconducción partidaria que permita el ejercicio democrático interno.
Fuente: Xinhua (xinhua-news.com)
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