Una consulta con múltiples temas, pero un foco central
El presidente Daniel Noboa ha anunciado una nueva convocatoria a consulta popular en Ecuador, cuya fecha tentativa sería el 14 de diciembre de 2025. Aunque oficialmente se tratarán siete preguntas, analistas coinciden en que una de ellas representa el verdadero núcleo de la propuesta: el juicio político a la Corte Constitucional. Este componente se ha posicionado como el eje central, tanto por su impacto institucional como por la coyuntura política que lo rodea.
Los temas propuestos incluyen: la autorización de bases militares extranjeras en el país, el financiamiento a partidos políticos, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la reducción del número de asambleístas, la legalización del trabajo por horas en el sector turístico, el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional, y el retorno de los casinos en hoteles de cinco estrellas.
Juicio político a la Corte Constitucional: el verdadero objetivo
Aunque la consulta abarca varios frentes, el contenido que más ha generado debate es la intención de habilitar un juicio político a la Corte Constitucional. Este punto surge luego de que la Corte suspendiera de forma provisional varios artículos de leyes clave del actual gobierno, incluyendo las de Solidaridad, Inteligencia e Integridad Pública.
De acuerdo con César Febres-Cordero, analista político, esta jugada se interpreta como un cambio de estrategia tras no poder avanzar mediante reformas legislativas ordinarias. «El Gobierno busca deslegitimar a la Corte y justificar su destitución a través de la voluntad popular», sostiene.
Repetición de propuestas en contexto
Cinco de las siete preguntas ya fueron tratadas en consultas populares anteriores. El expresidente Guillermo Lasso intentó sin éxito aprobar la eliminación del CPCCS y reducir el número de legisladores. Por su parte, Noboa ya incluyó la contratación por horas en su primera consulta, que fue rechazada. El retorno de los casinos fue tema de debate durante el gobierno de Rafael Correa, cuando se decidió eliminarlos.
Esta repetición ha llevado a varios analistas a considerar que la actual consulta es una excusa para introducir el tema del juicio político a la Corte Constitucional, con un objetivo más estratégico que normativo.
Riesgos democráticos y constitucionales
Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEK, considera que el uso de la consulta popular como medio para confrontar a la Corte genera tensiones innecesarias en el sistema democrático. «No se trata de un equilibrio de poderes, sino de una maniobra coyuntural para fortalecer la legitimidad del Ejecutivo ante la pérdida de confianza ciudadana», advierte.
Además, el constitucionalista André Benavides señala que aprobar esta pregunta implicaría riesgos institucionales. “Podría desatar una crisis al desconocer el rol de la Corte Constitucional como garante del orden jurídico”, alerta.
Una estrategia política acelerada
Los tiempos políticos también juegan un rol determinante. El Ejecutivo busca acelerar el trámite para que el proceso ocurra antes de que aumenten las tensiones sociales o disminuya su aprobación ciudadana. Según Ron, esta estrategia apunta a ganar oxígeno político para implementar decisiones difíciles sin mayores resistencias sociales.
Por su parte, Febres-Cordero insiste en que las decisiones emanadas del pueblo deberían ser estables y sostenibles, no sujetas a cálculos coyunturales. A su juicio, una consulta popular de esta naturaleza podría terminar generando más incertidumbre que soluciones estructurales.
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