El CAL, dominado por el oficialismo de ADN, aprobó la solicitud con cuatro de los siete votos. La decisión contrasta con otros intentos de juicio político que no lograron avanzar, como el presentado contra la exministra Inés Manzano. Según la Asamblea, el informe técnico determinó que la petición cumplió con los requisitos formales establecidos en la Constitución y la Ley de la Función Legislativa.
Impulso político de la solicitud
La bancada de la Revolución Ciudadana presentó el pedido de juicio político el 26 de noviembre de 2025. Los legisladores Luis Fernando Molina y Franklin Samaniego acusaron a Martín de incumplimiento de funciones debido al desabastecimiento de medicinas, la falta de pagos a prestadores de servicios como diálisis y la reducción presupuestaria. Afirmaron que más de seis mil páginas de documentos evidencian estas fallas, siendo así un impulso clave para iniciar el juicio político formalmente.

Análisis del CAL y ruta del proceso
El CAL señaló que su resolución se limita a constatar el cumplimiento formal de la solicitud, sin prejuzgar la responsabilidad del exministro. Con la calificación aprobada, el expediente pasará ahora a la Comisión de Fiscalización, donde el oficialismo y su aliado José Nango mantienen mayoría. Esta mesa deberá sustanciar el proceso de juicio político y elaborar un informe, aunque también tiene la facultad de archivarlo.
Crisis sanitaria y salida de Martín
El avance del juicio político se da en medio de la crisis que enfrenta el sector salud en Ecuador. Jimmy Martín dejó el cargo tras los resultados de la Consulta Popular 2025, momento en el que el presidente Daniel Noboa encargó la conducción del área a la vicepresidenta María José Pinto, en un contexto marcado por la falta de abastecimiento y la presión social por una mejor gestión hospitalaria.
La expectativa ahora se centra en cómo la Comisión de Fiscalización manejará un caso que podría convertirse en un referente para futuros procesos de control político. Mientras tanto, sectores sociales y profesionales de la salud observan con cautela, esperando que el desarrollo del juicio político permita esclarecer responsabilidades y contribuya a impulsar reformas urgentes dentro del sistema sanitario ecuatoriano.
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