Este miércoles 5 de noviembre de 2025 marcó un hecho histórico en la justicia ecuatoriana: la instalación del primer juicio por delitos de lesa humanidad. La audiencia se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y está dirigida contra seis exoficiales del Ejército y un exministro de Defensa que actuaron durante el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988). La causa se reanudó tras más de una década de aplazamientos judiciales.
Los jueces Javier de la Cadena, Manuel Cabrera y Katty Muñoz conducen el proceso, mientras que entre los acusados se encuentran Juan Raúl V., Manuel Marcelo D., Nelson Bolívar E., Fernando Ignacio R., Mario Ricardo A. y Luis Eduardo P.
La defensa intentó suspender el juicio
Previo a la instalación formal, la defensa del exministro de Defensa, Luis Eduardo Piñeiros Rivera, solicitó la suspensión del proceso alegando que su cliente sufría una condición de salud mental que le impedía participar en el juicio. Sin embargo, tanto la Fiscalía como los abogados de las víctimas rechazaron el pedido, argumentando que Piñeiros había firmado documentos recientes, demostrando que conservaba sus facultades mentales.
Luego de una deliberación de 30 minutos, el tribunal descartó la solicitud y declaró oficialmente instalada la audiencia de juzgamiento.
Fiscalía expone su acusaciónde León Febres Cordero : una estructura estatal de represión
El fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, presentó la teoría del caso, afirmando que entre las décadas de 1970 y 1980 operó en Ecuador un aparato estatal de represión clandestina conformado por fuerzas militares y policiales. Según la acusación, esta estructura actuó bajo órdenes directas del más alto nivel del Estado, con el objetivo de perseguir y eliminar a disidentes políticos.
Alarcón recordó el caso de Luis Vaca Jácome, Susana Cajas Lara y Francisco Javier Jarrín Sánchez, integrantes del grupo Alfaro Vive Carajo, quienes fueron detenidos el 10 de noviembre de 1985 en Esmeraldas sin orden judicial. Posteriormente, fueron trasladados a la Escuela de Inteligencia Militar en Conocoto, donde sufrieron torturas durante los interrogatorios. Vaca permaneció desaparecido por más de dos años antes de ser liberado en Ibarra.
Métodos de tortura y represión política
Durante su exposición, la Fiscalía detalló el uso de métodos prohibidos por el Derecho Internacional, como el pentotal sódico —conocido como “suero de la verdad”—, empleado para obtener confesiones bajo coerción. Estas prácticas, según el fiscal, fueron parte de una política de Estado sistemática que violó gravemente los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El Ministerio Público sostiene que las acciones de represión, tortura y desaparición se llevaron a cabo bajo una estructura jerárquica estatal y con conocimiento de los mandos superiores, configurando así crímenes de lesa humanidad. Los cuales son imprescriptibles y no admiten amnistía.
Una política de Estado para eliminar al “enemigo interno”
El fiscal Alarcón indicó que la represión fue parte de una política de Estado que se amparaba en la idea del “enemigo interno”, una doctrina extendida en América Latina durante las décadas de 1970 y 1980.
Esta estructura, integrada por mandos de inteligencia, personal de custodia, interrogadores y personal médico, operaba de forma coordinada para reprimir movimientos estudiantiles, sindicales y políticos. Las detenciones se realizaron al margen de la ley, sin órdenes judiciales, y los interrogatorios incluyeron violencia física y psicológica.
Según la acusación, el Ecuador adoptó prácticas similares a las dictaduras del Cono Sur. Donde se legitimaban las violaciones a los derechos humanos bajo el pretexto de mantener la seguridad del Estado.
Responsabilidad de los altos mandos militares y de León Febres Cordero
Entre los procesados figura Luis Eduardo Piñeiros Rivera, exministro de Defensa, junto con Manuel Marcelo Delgado Alvear, exdirector de Inteligencia del Ejército. Ambos son señalados como responsables directos de las acciones de detención ilegal, tortura y desaparición forzada de los tres miembros de Alfaro Vive Carajo.
La Fiscalía argumenta que estos oficiales, junto con otros mandos militares, supervisaron y autorizaron operaciones clandestinas fuera del control de la justicia ordinaria, actuando bajo una estructura que garantizaba impunidad a sus miembros.
Delitos imprescriptibles y obligación del Estado
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos investigados constituyen delitos de lesa humanidad conforme al Derecho Penal Internacional, lo que implica que no prescriben ni pueden ser objeto de amnistía.
El Estado ecuatoriano tiene la obligación, según los tratados internacionales de derechos humanos, de investigar. Juzgar y sancionar a los responsables de este tipo de crímenes, que afectan a toda la humanidad.
El juicio que hoy se desarrolla marca un precedente en la historia judicial del país. Al ser la primera vez que se juzga formalmente a exoficiales por violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas bajo un gobierno democrático.
Contexto histórico y memoria en el tiempo de León Febres Cordero
El caso reabre heridas del pasado y pone en el centro del debate la responsabilidad estatal durante el gobierno de León Febres Cordero. Un periodo recordado por la persecución a grupos insurgentes, activistas políticos y sindicalistas.
Las víctimas, Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, han dedicado décadas a buscar justicia y reconocimiento por los abusos sufridos. Este proceso judicial representa no solo un paso hacia la reparación simbólica. Sino también una advertencia para que hechos similares no se repitan en el futuro.
Fuente: El Comercio
Te puede interesar:
Ecuador Asegura USD 1.550 Millones en Histórica Negociación con Operadoras Telefónicas
