Este viernes, un juez colombiano determinó que Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, y su exesposa, Daysuris Vásquez, responderán en libertad, aunque con restricciones, al proceso que enfrentan por lavado de activos y otros delitos, un caso que ha tenido implicaciones en el Gobierno de su padre.
El Juez Penal Municipal 74, con funciones de control de garantías, acogió las solicitudes de la defensa y decidió que no es necesaria la medida de aseguramiento pedida por la Fiscalía en el caso de Nicolás Petro Burgos.
Sin embargo, el juez impuso que los imputados no podrán salir del país ni tampoco “del ámbito donde se produjo su captura, la ciudad de Barranquilla”.
La pareja fue detenida el pasado sábado, y tres días después, la Fiscalía les imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público a Nicolás Petro, y lavado de activos y violación de datos personales a Daysuris Vásquez.
La detención se llevó a cabo como parte de una investigación iniciada por la Fiscalía en marzo pasado, luego de que Vásquez declarara a la revista Semana que Nicolás Petro recibió dinero del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias “el hombre Marlboro”, para la campaña presidencial de su padre, y que este dinero fue apropiado indebidamente.
El juez enfatizó que Nicolás Petro no debe interactuar con personas que le proporcionaron dinero de procedencia ilícita, ni con ninguno de los involucrados, y también le prohibió, al igual que a Vásquez, participar en eventos políticos.
Como parte de un acuerdo de colaboración con la justicia, Nicolás Petro ya se había comprometido a renunciar a su cargo de diputado en la Asamblea del Departamento del Atlántico, con sede en Barranquilla.
El juez también ordenó que se investigue a la pareja por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento, además de los cargos ya presentados. Se basó en audios presentados por el fiscal, que indican que la pareja tenía una red de tráfico de influencias, sobornos y otros delitos en el Atlántico, aprovechando la posición de diputado de Nicolás Petro.
El juez estableció que ambos deben “observar buena conducta” y están “obligados a comparecer a todo llamado que se haga por cuenta de este proceso”, ya sea por el Juzgado o por la Fiscalía. Tanto la Fiscalía como los imputados y sus abogados aceptaron la decisión del juez y declararon que no apelarán.
Esta mañana, el principal abogado de Nicolás Petro, José David Teleki, expresó su preocupación por la seguridad de su defendido, argumentando que hay personas interesadas en mantener oculta la verdad sobre el escándalo de corrupción que involucra a la campaña de su padre, y por eso solicitó arresto domiciliario en una audiencia previa.
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