Un grupo de jueces anticorrupción exigen más seguridad tras enviar una carta urgente al Consejo de la Judicatura. Los magistrados denuncian que costean su propia protección debido a la falta de recursos estatales, mientras enfrentan amenazas directas por investigar casos de crimen organizado.
Carta Revela Desprotección de Magistrados Anticorrupción
Diez magistrados firmaron una misiva de 22 páginas el 22 de diciembre. En consecuencia, expusieron que solicitudes anteriores para mejorar sus garantías de seguridad no recibieron respuestas favorables. Además, señalaron que únicamente se les asignaron dos policías para acompañamiento, sin presupuesto adicional para personal especializado.
Por tanto, los jueces anticorrupción exigen más seguridad porque han financiado con recursos propios los gastos de protección personal. Esta situación revela una grave deficiencia institucional que pone en riesgo la administración de justicia en casos sensibles.
Contexto de Violencia Contra el Poder Judicial
La carta se presentó mientras el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, compareció ante la Asamblea Nacional. El correísmo solicitó juicio político contra el funcionario por presuntas presiones al juez Carlos Serrano.
Los magistrados trabajan en un contexto de crisis estructural de violencia. Igualmente, enfrentan la creciente presencia de grupos criminales organizados, algunos designados como terroristas por el Gobierno Nacional. Por otra parte, en los últimos años varios jueces han sido objetivos de ataques letales.
Casos de Alto Riesgo Procesados por Magistrados
Los jueces anticorrupción procesan delitos complejos como narcotráfico internacional, tráfico de armas, secuestro extorsivo, sicariato y lavado de activos. Debido a esto, cada caso puede involucrar entre 10 y 30 procesados, lo que incrementa significativamente la carga procesal.
No obstante, los magistrados consideran que la investigación de estos delitos exige un compromiso interinstitucional. Sin embargo, actualmente el poder judicial enfrenta estas amenazas sin coordinación efectiva con otras instituciones estatales.
Condiciones Laborales Precarias y Falta de Recursos
Los jueces denuncian condiciones laborales inadecuadas para ejercer sus funciones. Posteriormente, detallaron que utilizan vehículos personales o transporte público para movilizarse, sin protocolos de seguridad establecidos. Asimismo, el Estado no ha provisto automotores blindados para desplazamiento seguro.
En relación con el teletrabajo, los magistrados solicitaron mejorar los parámetros que regulan esta modalidad en casos de alto riesgo. Además, pidieron equipar los despachos con más personal especializado para atender la elevada carga procesal.
Advertencia Sobre Colapso del Sistema Judicial
Los diez magistrados que firmaron la carta advirtieron sobre consecuencias graves si las condiciones no cambian. Por ende, anticipan una acumulación progresiva de procesos judiciales sin resolver. Finalmente, los jueces anticorrupción exigen más seguridad para evitar un retroceso en la capacidad institucional de responder adecuadamente a casos de crimen organizado.
La situación evidencia la urgencia de implementar medidas integrales de protección para garantizar la independencia judicial y el Estado de derecho en Ecuador.
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