El Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió suprimir las dependencias judiciales especializadas en la materia dentro de la Declaratoria de Emergencia de la Función Judicial. La decisión sobre los jueces anticorrupción y crimen organizado busca reestructurar el modelo de juzgamiento nacional tras detectarse un severo desequilibrio en la carga procesal del sistema, donde dependencias ordinarias superaron el 100% de su capacidad mientras los tribunales especiales registraban un bajo volumen de causas.
Razones del Consejo de la Judicatura para la reestructuración
Los datos del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano revelaron que el Tribunal Anticorrupción tramitó únicamente 234 expedientes en un año para sus nueve magistrados. Frente a este panorama, la institución decidió redistribuir las competencias para ampliar la capacidad de respuesta nacional de 19 a más de 50 juzgadores habilitados, reasignando las cargas operativas en los siguientes despachos:
- Corte Provincial de Justicia de Pichincha: La Sala Penal conocerá los recursos de apelación y los procesos tramitados bajo régimen de fuero.
- Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito: Asumirá directamente la etapa de juzgamiento de estos delitos complejos.
- Unidad Judicial Mariscal Sucre: Atenderá casos flagrantes, actos urgentes y medidas cautelares tramitadas con la UAFE.
La reestructuración asociada a los jueces anticorrupción y crimen organizado también apunta a dar mayor celeridad a las causas de extinción de dominio para la recuperación de bienes de origen ilícito.
Situación de los procesos en trámite y antecedentes
Respecto a las causas en curso, el organismo confirmó que los expedientes con audiencias ya instaladas o suspendidas seguirán bajo el mando de los juzgadores asignados originalmente. Las autoridades fundamentaron la medida en la necesidad de garantizar la transparencia, recordando que la unidad fue creada en 2022 para juzgar ilícitos de alto impacto como lavado de activos, narcotráfico y peculado.
Con este rediseño institucional, la Judicatura busca optimizar la eficiencia del sistema penal y evitar la impunidad en el juzgamiento de grandes redes delictivas.
Proyección del nuevo modelo de juzgamiento penal
El traslado de competencias a las unidades ordinarias pretende agilizar la sustanciación de expedientes en todo el territorio. En conclusión, la redistribución vinculada a los jueces anticorrupción y crimen organizado redefine la estrategia estatal para procesar los delitos de mayor conmoción social en Ecuador.
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Fuente: lahora.com.ec
Escrito por: Gabriela Estefania Calán Carrión
Periodista y redactor en Panorama Ecuador Noticias. Comprometido con la verdad y la información de último minuto.
