El Consejo de la Judicatura aprobó el 10 de septiembre la Proforma del Plan Anual y Plurianual de Inversión 2026–2029, con un presupuesto global de 198 millones de dólares. Esta decisión surge como respuesta a la grave crisis que atraviesa el sistema de justicia en Ecuador. Allí, el 90 % de la infraestructura tecnológica se encuentra obsoleta. La situación ha generado problemas graves en la atención ciudadana y en el funcionamiento de los procesos internos de la institución.
Un plan estructurado con proyectos nuevos y de arrastre
El monto aprobado contempla la ejecución de diez proyectos nuevos que suman 176,6 millones de dólares. Además, se continuará con cuatro proyectos de arrastre por 21,3 millones. La distribución de recursos busca cubrir distintos frentes: la modernización digital, el fortalecimiento de la infraestructura física, la ampliación de servicios y la renovación del parque automotor judicial.
Tecnología judicial en estado crítico
El diagnóstico presentado por el organismo evidencia que la gran mayoría de servidores, sistemas de software y equipos de uso diario han sobrepasado su vida útil. Muchos de ellos funcionan sin soporte técnico y presentan fallas constantes. Por ende, ralentizan los procesos judiciales. Incluso los equipos catalogados en estado regular o bueno podrían deteriorarse aceleradamente si no se interviene a tiempo. Esto pondría en riesgo el acceso de la ciudadanía a la justicia.
Infraestructura física vulnerable
Las edificaciones judiciales también forman parte del plan de inversión. Varias sedes requieren intervenciones inmediatas para evitar un deterioro mayor. El objetivo es repotenciar y adecuar los edificios, garantizando espacios seguros y adecuados tanto para los usuarios como para los funcionarios judiciales.
Movilidad y seguridad institucional
La flota vehicular de la institución constituye otro punto débil. Actualmente se considera ineficiente y costosa de mantener, lo que impacta en la productividad del personal y genera riesgos de seguridad en los traslados oficiales. La renovación de los automotores permitirá optimizar tiempos y mejorar las condiciones de movilidad en todo el territorio nacional.
Una inversión de carácter urgente
El Consejo de la Judicatura enfatizó que esta asignación de recursos no responde a una discrecionalidad. Responde a una necesidad institucional inaplazable, sustentada en datos técnicos y normativa vigente. Según el organismo, las intervenciones serán focalizadas y proporcionales. Además, se aplicarán bajo los principios de transparencia, eficiencia y legalidad.
Expectativas frente a la modernización
Con la puesta en marcha de este plan, se espera que el sistema judicial pueda recuperar la confianza ciudadana. Se busca lograr esto mediante servicios más ágiles, modernos y seguros. La transformación tecnológica, junto con la adecuación de la infraestructura y el fortalecimiento de la movilidad, constituye un paso esencial. Es crucial para superar años de rezago y precariedad en la administración de justicia.
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