Miles de ecuatorianos migrantes en España, hoy mayores de 60 años, enfrentan un laberinto de trámites. Estos trámites son necesarios para sumar los años de aportes realizados en Ecuador y obtener una pensión digna. El Convenio de Seguridad Social entre ambos países, en vigor desde 2011, prometía facilitar el derecho a una jubilación justa. Sin embargo, la realidad está marcada por demoras, desinformación y un vaivén burocrático que desgasta a quienes aportaron durante años de trabajo duro tanto en Ecuador como en su país de acogida.
El caso de Elena: entre la espera y la incertidumbre
Elena Vaca, con 68 años, dejó de trabajar en marzo de 2024 en un hotel en Madrid. Esto ocurrió luego de 17 años de contratos temporales y aportes. Antes de migrar, trabajó seis años en Ecuador. Aunque inicialmente no quería acoger el convenio, se vio obligada a hacerlo para sumar sus aportes y alcanzar una pensión. La espera fue larga: un año y dos meses sin poder cobrar el desempleo ni acceder a otro trabajo. Dependía de ayudas mínimas de la Comunidad de Madrid. Al final, logró una pensión de 1.000 euros, un alivio después de la incertidumbre. Sin embargo, su historia refleja las dificultades que enfrentan quienes desean acceder a este derecho.
Una generación atrapada entre dos sistemas
Según el Instituto Nacional de Estadística de España, más de 40.000 ecuatorianos de entre 60 y 69 años viven en ese país. Estos ecuatorianos están llegando a la edad de jubilación, fijada en 66 años y 8 meses (o 65 años si han cotizado 38 años y 3 meses). Son migrantes que llegaron en los noventa, cuando España aún usaba pesetas. Envejecieron trabajando en limpieza, construcción, aeropuertos y servicios, muchas veces con contratos precarios.
Estos migrantes se encuentran con sistemas que no se comunican de manera eficiente. Mientras España señala demoras en Ecuador, las autoridades ecuatorianas acusan lentitud en España. Los migrantes se ven forzados a ser sus propios gestores, tratando de entender cotizaciones realizadas en sucres. Además, el papeleo complicado para validar los aportes resulta otro obstáculo.
La falta de protocolos y claridad informativa
Vladimir Paspuel, de la Asociación Rumiñahui, advierte que no existen protocolos claros para el intercambio de información. Este intercambio debería darse entre la Seguridad Social española y el IESS en Ecuador. Sin protocolos, se crea una caja negra donde las oficinas consulares tampoco entregan información suficiente. La atención se centra en grandes ciudades como Madrid, dejando en el abandono a migrantes en Murcia, Andalucía o Valencia.
Desde el lado ecuatoriano, el IESS realizó campañas informativas virtuales hasta 2022 para explicar a los migrantes la posibilidad de afiliarse voluntariamente. Los migrantes también podían solicitar el informe de aportes. Sin embargo, estos procesos podían tardar hasta 12 meses y frecuentemente se trababan por la falta de certificaciones bancarias de los migrantes. Esto impide el pago de la pensión.
Más allá de la jubilación: otras prestaciones desconocidas
El Convenio de Seguridad Social contempla no solo pensiones de jubilación. También incluye prestaciones por incapacidad temporal o permanente, accidentes no laborales, maternidad y prestaciones por muerte y supervivencia. Sin embargo, estos beneficios son desconocidos por muchos migrantes que, en medio de accidentes o enfermedades, descubren de forma tardía que pueden ser beneficiarios. Esto le ocurrió a Marcelo Cabezas, de 70 años, quien tras un accidente en la construcción logró acceder a una pensión de 900 euros gracias a sus aportes en Ecuador.
Las historias detrás de cada trámite
Ramón López, otro migrante jubilado, logró resolver su pensión en apenas dos meses porque no tenía aportes en Ecuador. Esto agilizó su proceso, aunque recibe una pensión mínima de 600 euros. Su historia contrasta con quienes buscan sumar aportes de ambos países y deben esperar más de un año para obtener su pensión, quedando sin ingresos durante ese tiempo.
Elena, Ramón y Marcelo representan apenas una pequeña parte de las más de 8.000 pensiones tramitadas bajo el convenio entre Ecuador y España. Mientras tanto, miles de migrantes continúan enfrentando jornadas imposibles y contratos temporales hasta el límite de su salud, en un sistema que les prometió dignidad para su vejez pero que, en la práctica, exige paciencia y resiliencia.
Un derecho que aún necesita voluntad política
La historia de miles de ecuatorianos en España revela la necesidad urgente de simplificar los trámites. Estos ecuatorianos buscan jubilarse con los aportes realizados en su país de origen. Es esencial digitalizar procesos y establecer protocolos claros de intercambio de información entre el IESS y la Seguridad Social de España. Sin estas mejoras, el derecho a la seguridad social para los migrantes seguirá siendo una promesa lejana. Mientras tanto, quienes levantaron economías con su trabajo en silencio ven deteriorarse su salud y tranquilidad en la última etapa de sus vidas.
Fuente: Primicias
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