Presuntos nexos con el crimen organizado
El Consejo de la Judicatura ha iniciado una investigación a jueces de Manabí por sus presuntos vínculos con alias Fito, cabecilla del grupo criminal Los Choneros. Esta acción se deriva de un operativo reciente contra el lavado de activos. El anuncio oficial se realizó el 8 de junio de 2025, tras declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg. Él denunció que algunos magistrados intentaron establecer contacto indirecto con su despacho, lo que generó alarma institucional.
Activación de la Dirección Nacional de Transparencia
En reacción inmediata a las denuncias, el Consejo de la Judicatura activó la Dirección Nacional de Transparencia. Esta dependencia analizará los hechos reportados y verificará si hay evidencia concreta que comprometa a los jueces de Manabí. John Reimberg indicó que los contactos se habrían realizado por medio de terceros, tras un operativo en Durán relacionado con alias Fito. Mario Godoy, presidente del Consejo, afirmó que aplicarán sanciones ejemplares si se prueban irregularidades.
Operativo desmantela red vinculada a Los Choneros
Durante el operativo efectuado el 2 de junio en Manabí, Guayas y Pichincha, las autoridades desarticularon una red ligada a Los Choneros. Se ejecutaron allanamientos en 33 inmuebles, entre ellos una empresa pesquera. Se confiscaron bienes valorados en 13 millones de dólares. También se inmovilizaron 24 millones en movimientos bancarios sospechosos que datan desde 2016. Las autoridades detuvieron a seis familiares de alias Fito, incluido Yandry Macías Villamar. Posteriormente, un juez anticorrupción ordenó prisión preventiva para los involucrados.
Auge de violencia y crisis institucional
Manabí se ha convertido en bastión del grupo Los Choneros. Durante 2025, se han registrado 502 muertes violentas, un aumento del 29,4% respecto al año anterior. Alias Fito continúa prófugo desde su fuga de la cárcel Regional de Guayaquil en enero de 2024. Esta situación evidencia la fragilidad institucional. En 2024, el juez Diego Poma fue destituido por permitir su traslado a una prisión de menor seguridad. De igual manera, el juez Juan Espinosa recibió una sanción por restituir bienes a la familia de Fito.
Compromiso institucional y reacciones públicas
Mario Godoy reafirmó el compromiso del Consejo de la Judicatura con la transparencia y la legalidad. También solicitó protección para los jueces implicados en el caso Blanqueo Fito. John Reimberg fue enfático: “Expondremos a cualquiera que intente dar órdenes o influir en procesos judiciales”. Estas declaraciones generaron un amplio debate en redes sociales. Como resultado, se intensificaron los llamados ciudadanos a fortalecer el control sobre el sistema judicial.
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