La intervención al Consejo de Seguridad de Durán está siendo evaluada por la Policía Nacional. El proceso sigue el modelo aplicado recientemente en Guayaquil, donde el Ministerio del Interior intervino Segura EP el 15 de febrero de 2026. En Durán, empresarios e industriales llevan meses exigiendo al Gobierno que corrija las fallas del organismo municipal.
Antecedentes: por qué se pide la intervención al Consejo de Seguridad de Durán
La Cámara de Industrias de Durán envió un oficio formal al ministro del Interior, John Reimberg, el 12 de diciembre de 2025. En ese documento, el gremio solicitó reformas urgentes al Consejo de Seguridad del Cantón Durán (CSD), creado en 2016. El organismo tiene funciones similares a las de Segura EP en Guayaquil: coordinar seguridad ciudadana y operar un sistema de videovigilancia.
Un grupo de empresarios del cantón, familiarizados con las reuniones previas, indicó a Primicias que esperaban una intervención directa de la Policía Nacional. La institución confirmó que esa posibilidad está en evaluación. Previamente, el Gobierno ya intervino dos entidades municipales de Durán por infiltración del crimen organizado: el Cuerpo de Bomberos y la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD).
Fallas en cámaras y falta de transparencia financiera
El sistema de videovigilancia del CSD comenzó a operar en 2022 con 150 cámaras de alta resolución. Sin embargo, muchas fueron destruidas por bandas criminales. Actualmente, solo 60 de esas cámaras funcionan, según informaron industriales a Primicias.
El CSD se financia con una tasa anual proporcional al valor de los predios del cantón. En sus primeros años recaudaba alrededor de USD 400.000 anuales; hoy supera los USD 850.000. No obstante, el sector empresarial denuncia que esos recursos no se reflejan en mejoras visibles de seguridad.
Además, el organismo cuenta con una Asamblea General de más de 22 miembros —entre ellos representantes de la Policía y las Fuerzas Armadas— que, según los industriales, no se ha reunido en nueve años. «Nunca nos han convocado. No se rinde cuentas y tememos que el dinero se use como caja chica», señaló un empresario bajo anonimato.
¿Qué piden los industriales al Gobierno?
En el oficio remitido al ministro Reimberg, la Cámara de Industrias de Durán plantea varias reformas concretas. Entre ellas, modificar la ordenanza para garantizar transparencia en el uso de los fondos y destinar parte de esos recursos al equipamiento de la Policía Nacional.
El 9 de diciembre de 2025, tres días antes del oficio, se realizó una reunión en el ECU 911 con representantes del CSD, el Ministerio del Interior, la Policía y el sector productivo. En ella se analizaron las falencias del sistema de videovigilancia. También se discutió la posibilidad de conectar cámaras privadas empresariales al ECU 911 o al centro de monitoreo municipal, con garantías de probidad del personal con acceso a las imágenes.
El contexto de violencia en Durán
Durán registró en 2025 una cifra récord de 539 homicidios, con una tasa de 181 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Ese indicador solo es comparable, a nivel global, con el de Puerto Príncipe (Haití), que cerró el año con 197 homicidios por cada 100.000 habitantes. El cantón alberga más de 400 empresas que operan bajo presión de extorsiones y secuestros. En los dos casos de secuestro más recientes del sector industrial, fue el sector privado —no el CSD— el que aportó grabaciones de video a los investigadores.
La intervención al Consejo de Seguridad de Durán: el modelo a seguir
Para los empresarios locales, el referente inmediato es la ATD, intervenida por el Gobierno y cuya gestión pasó a manos de la Policía de Tránsito. Por otra parte, la intervención de Segura EP en Guayaquil —con más de 30.000 cámaras y un presupuesto de USD 85 millones— generó polémica: la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel y concejales la rechazaron como una intromisión que vulnera la autonomía municipal. La Fiscalía abrió una indagación previa el 18 de febrero de 2026.
En ese contexto, la posible intervención al Consejo de Seguridad de Durán representa una nueva tensión entre el Gobierno central y los municipios en materia de seguridad pública. La Policía Nacional aún no ha fijado un plazo para su decisión.
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