- Un informe de ONU Mujeres determinó que el 95,9% de aspirantes a congresos estatales y el 95,3% a cargos federales sufrieron violencia política.
- La agresión psicológica fue la manifestación predominante al alcanzar al 95,1% de las candidatas, seguida de violencia sexual y económica.
- El 77% de las postulantes de pueblos originarios e indígenas identificó trabas financieras desproporcionadas para financiar sus campañas.
- Apenas 18 de cada 100 mujeres afectadas presentaron una denuncia formal ante las autoridades electorales y solo cuatro obtuvieron fallos favorables.
Un exhaustivo informe técnico presentado por la representación de ONU Mujeres en México reveló una alarmante realidad sobre el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en el país norteamericano. El estudio concluyó que el 95,9% de las aspirantes a congresos estatales y el 95,3% de quienes buscaron escaños legislativos federales sufrieron al menos un episodio comprobado de violencia de género durante el proceso electoral 2023-2024. Los datos demuestran de manera contundente que la adopción formal de la paridad en las listas de candidaturas no garantiza un ambiente seguro ni exento de intimidaciones para las lideresas comunitarias.
La investigación, titulada oficialmente «Mujeres que se postulan, mujeres que narran sus historias», fue desarrollada por el Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género tras encuestar a 615 candidatas de todos los niveles de gobierno y realizar entrevistas en profundidad. El documento clasificó las agresiones por su tipología e impacto psicosocial, determinando que la violencia psicológica afectó al 95,1% de las encuestadas, mientras que las agresiones de carácter sexual alcanzaron al 61,4% y los bloqueos económicos al 57,4% de las participantes.
Agresiones en entornos digitales y barreras estructurales dentro de los partidos
El diagnóstico de las Naciones Unidas evidenció que más de ocho de cada diez políticas sufrieron ataques simultáneos en eventos territoriales y en plataformas de redes sociales. La violencia digital incluyó amenazas de muerte, hostigamiento coordinado y difusión no consentida de contenidos manipulados con inteligencia artificial para socavar su credibilidad pública. Esta problemática coincide con las tendencias de polarización regional que inciden en el debate democrático de América Latina, analizadas en torno al impacto institucional que rodea a figuras públicas de la región como Flávio Bolsonaro y su postura electoral en Brasil.
Uno de los hallazgos más reveladores del reporte es que cerca del 50% de las candidatas legislativas identificó agresiones originadas en el seno de sus propias organizaciones políticas. De esa cifra, aproximadamente seis de cada diez señalaron de forma directa a integrantes de las dirigencias partidistas como los principales operadores de prácticas de exclusión presupuestaria, marginación de franjas publicitarias y descalificación verbal en asambleas internas.
Asimismo, el informe de la ONU documentó que las responsabilidades familiares y las tareas de cuidado no remunerado constituyeron una barrera adicional para el 64,3% de las candidatas a cargos municipales, de las cuales el 77% señaló que estas cargas limitaron severamente sus posibilidades de movilización territorial. La violencia económica golpeó con especial rigor a las mujeres de comunidades indígenas, donde el 77% denunció una inequitativa asignación de fondos partidarios para actividades proselitistas. Pese a este entorno adverso, el 83,6% de las encuestadas manifestó su determinación de volver a postularse en futuros comicios, ratificando su compromiso con la representación democrática.
Impunidad procesal y desafíos para la paridad sustantiva en América Latina
El documento subraya una profunda brecha de impunidad procesal en los órganos jurisdiccionales. De acuerdo con las métricas recabadas, solo 18 de cada 100 mujeres agredidas optaron por interponer quejas o recursos legales ante los tribunales comiciales, y apenas 4 lograron una resolución judicial favorable con medidas cautelares efectivas. Las víctimas explicaron que el temor a represalias laborales, la falta de medidas de protección y la revictimización en el sistema desalientan la presentación de denuncias.
La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, destacó durante la socialización del estudio que el incremento cuantitativo de mujeres en boletas no se traduce automáticamente en equidad real. Las autoridades electorales mexicanas y los organismos internacionales coincidieron en la urgencia de fortalecer los protocolos sancionatorios a los partidos que no fiscalicen a sus cuadros directivos, garantizando condiciones materiales seguras que permitan a las mujeres electas gobernar con plena autonomía y sin coacciones.
