- La organización VE sin Filtro documentó restricciones sistemáticas a más de 70 plataformas informativas.
- Entre los portales bloqueados figuran diarios nacionales, agencias y medios internacionales como Infobae.
- El monitoreo técnico registró además el bloqueo de 30 servidores de herramientas VPN de elusión.
- La presidenta encargada Delcy Rodríguez ordenó el levantamiento selectivo de ciertas plataformas.
La organización no gubernamental de vigilancia digital VE sin Filtro denunció este 26 de septiembre de 2026 que el régimen de Venezuela mantiene bloqueados de manera continuada más de 70 medios de comunicación digitales en los principales proveedores de servicios de internet públicos y privados del país, vulnerando gravemente los derechos fundamentales de acceso a la información y libertad de expresión.
A través de un informe técnico elaborado por VE sin Filtro, la veeduría civil precisó que entre los sitios inaccesibles para los internautas venezolanos figuran cabeceras históricas de la prensa independiente nacional como TalCual y El Nacional, además del portal de verificación EsPaja. Las restricciones abarcan asimismo a medios de cobertura internacional de alta penetración como NTN24, el diario estadounidense The Wall Street Journal y el portal de noticias Infobae, este último bloqueado ininterrumpidamente desde hace más de una década.
Bloqueo técnico a herramientas VPN y censura DNS
El reporte de la ONG documentó que los bloqueos se ejecutan mediante mecanismos de alteración de nombres de dominio (DNS tampering) e inspección profunda de paquetes (SNI blocking), aplicados por la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y acatados por las operadoras privadas de telecomunicaciones. Con el fin de cerrar las vías de escape de los usuarios, el monitoreo contabilizó restricciones técnicas a 30 dominios de redes privadas virtuales (VPN) y herramientas de anonimato empleadas habitualmente por la ciudadanía para eludir la censura oficial.
Organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han reiterado sus llamados al cese de las prácticas de censura en línea, advirtiendo que el apagón informativo vulnera las garantías democráticas consagradas en los tratados interamericanos de derechos civiles y políticos.
La crisis institucional y política del país caribeño continúa marcando la agenda de la región, en un escenario donde las potencias globales definen restricciones de movilidad y visados como las regulaciones de visado aplicadas por Estados Unidos e intensifican las negociaciones en foros multilaterales tras los recientes encuentros presidenciales de alto nivel entre potencias.
Levantamiento selectivo y exigencias de restitución plena
Pocas horas después de la divulgación del balance de la ONG, la presidenta encargada Delcy Rodríguez emitió una disposición ordenando a Conatel el levantamiento ‘inmediato’ de las restricciones a un grupo acotado de portales digitales y plataformas de comunicación comunitaria. Sin embargo, gremios periodísticos y colegios profesionales denunciaron que la medida es meramente cosmética, ya que la gran mayoría de medios independientes y herramientas de navegación libre continúan inaccesibles para el usuario promedio.
Dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigieron la restitución plena, transparente y sin censura previa de todas las páginas web informativas, demandando que las autoridades estatales cesen la persecución administrativa y judicial contra periodistas y editores independientes.
Estrategias de elusión ciudadana y restricciones a operadoras
Frente al cerco informativo impuesto en las redes terrestres y móviles de operadoras como Cantv, Movistar y Digitel, las redacciones de los medios afectados han tenido que recurrir a canales de difusión en aplicaciones de mensajería instantánea, cadenas de correo electrónico y boletines en audio para hacer llegar sus investigaciones a la audiencia local. Sin embargo, analistas en seguridad digital advierten que los bloqueos por inspección profunda de paquetes (SNI) han comenzado a interferir con los protocolos de cifrado de estas plataformas, dificultando la sincronización de archivos multimedia en teléfonos inteligentes.
El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) reiteraron que la opacidad institucional y la censura previa vulneran el derecho constitucional de los ciudadanos a estar informados oportunamente sobre temas de economía, salud y gobernanza pública. Las organizaciones gremiales exigieron a los organismos judiciales el cese definitivo de las medidas de bloqueo arbitrarias que restringen el libre debate democrático en los entornos digitales.
