- El juez federal Alvin Hellerstein convocó la audiencia para este jueves 15 de octubre.
- La Fiscalía estadounidense amplió cargos por conspiración para cometer actos de tortura.
- Cilia Flores enfrenta además imputaciones agravadas por narcoterrorismo y tenencia de armas.
Nicolás Maduro y su cónyuge, Cilia Flores, comparecen este jueves 15 de octubre de 2026 ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para responder formalmente ante nuevas acusaciones por conspiración para cometer torturas contra opositores venezolanos. La vista oral fue fijada para las 11:00 locales (10:00 de Ecuador) por el juez federal Alvin Hellerstein, luego de que el Ministerio Público presentara una imputación ampliada que añade violaciones sistemáticas a los derechos humanos a las causas ya abiertas por narcotráfico internacional.
Fundamentos del expediente por crímenes y represión
El pliego acusatorio sostiene que las principales agencias de inteligencia venezolanas ejecutaron detenciones arbitrarias, golpizas y vejámenes contra militares disidentes, dirigentes políticos y al menos tres ciudadanos estadounidenses con el propósito directo de perpetuar al régimen en el poder. La Fiscalía argumenta que estas órdenes emanaron directamente de la cúpula ejecutiva de Miraflores, configurando delitos perseguibles bajo convenios contra la tortura de alcance extraterritorial en cortes de Estados Unidos.
El proceso cobra relevancia en un escenario donde Washington endurece la presión judicial contra antiguos personeros del chavismo, en línea con el contexto donde Estados Unidos evalúa la extradición de figuras clave del régimen de Maduro para declarar ante tribunales de Florida y Nueva York. Los defensores legales de los acusados han presentado objeciones preliminares argumentando inmunidad soberana de Estado, tesis que hasta el momento ha sido rechazada por la judicatura norteamericana al desconocer la legitimidad del mandato presidencial venezolano.
Cargos por narcoterrorismo y tenencia de armamento
Adicionalmente, el documento fiscal formalizó contra Cilia Flores el cargo de narcoterrorismo, acusándola de participar activamente en la protección de cargamentos de más de cinco kilogramos de cocaína coordinados con grupos armados colombianos. Ambos imputados enfrentan cargos concurrentes por conspiración para importar sustancias estupefacientes a territorio estadounidense y tenencia ilícita de armas automáticas destructivas, con penas en expectativa que alcanzan la cadena perpetua según el código penal federal de los Departamentos de Justicia de EE. UU..
Organismos internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch y la Amnistía Internacional calificaron la apertura formal de este proceso como un hito para las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La audiencia de este jueves determinará el calendario de presentación de pruebas clasificadas y definirá la fecha definitiva para la conformación del jurado popular en Manhattan.
Repercusiones en la diplomacia hemisférica
La causa judicial en Nueva York se desarrolla en paralelo a las investigaciones de la Corte Penal Internacional en La Haya sobre la cadena de mando de las fuerzas policiales y militares venezolanas. Representantes diplomáticos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) señalaron que las evidencias testimoniales aportadas por desertores del Sebin y la Dgcim refuerzan los expedientes internacionales sobre torturas sistemáticas en centros clandestinos de detención como El Helicoide y Boleíta.
El juez Hellerstein desestimó las mociones iniciales que buscaban suspender el trámite, ordenando a la Fiscalía remitir los resúmenes desclasificados a la defensa antes del inicio de la etapa de descubrimiento probatorio fijada para el primer trimestre del próximo año.
Protocolos de seguridad en la sede judicial de Manhattan
El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos dispuso un operativo de seguridad reforzado en las inmediaciones del palacio de justicia federal de Foley Square, ante la convocatoria de manifestaciones pacíficas de la diáspora venezolana en Nueva York. La vista judicial representa el inicio formal de una fase procesal exhaustiva que evaluará la admisibilidad de testimonios protegidos de exoficiales militares que desertaron del régimen en años recientes.
