- El Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó por doce meses las sanciones de embargo de armas y congelación de activos a cabecillas haitianos.
- La resolución exige a los países de la cuenca del Caribe reforzar la vigilancia aduanera para interceptar pertrechos militares ilegales.
- Las pandillas armadas dominan más del 80% de la capital Puerto Príncipe y han forzado el desplazamiento de cientos de miles de ciudadanos.
- Naciones Unidas ratifica su respaldo logístico a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad encabezada por efectivos de Kenia.
Ante el dramático deterioro del orden público y el colapso de las instituciones básicas en la nación caribeña, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU Consejo de Seguridad) resolvió por consenso unánime renovar por un año adicional el régimen de sanciones internacionales contra las pandillas de Haití. La disposición mantiene vigente el embargo estricto de armas ligeras y municiones, la congelación preventiva de cuentas bancarias y la prohibición global de viajes para los principales líderes criminales que asolan al país.
La medida diplomática apunta a estrangular los canales financieros y las redes de abastecimiento logístico que nutren a coaliciones delictivas como la alianza ‘Viv Ansanm’, encabezada por el expolicía Jimmy Chérizier, alias ‘Barbecue’. Estos grupos armados mantienen bajo asedio a más del 80% del área metropolitana de Puerto Príncipe, cometiendo homicidios indiscriminados, secuestros extorsivos y ataques sistemáticos contra hospitales, terminales de combustible y comisarías de policía.
Bloqueo al tráfico marítimo ilícito de armamento
El texto de la resolución adoptada en Nueva York insta con carácter de urgencia a todos los Estados miembros, en particular a las autoridades de los Estados Unidos y de los países ribereños del Caribe, a endurecer los controles de rayos X e inspecciones físicas en puertos marítimos y pistas clandestinas. Informes de los paneles de expertos de la ONU revelan que el grueso de los fusiles de asalto de uso militar, pistolas automáticas y cargadores que alimentan la violencia en la isla son traficados desde armerías del sur del estado de Florida.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advirtió que la crisis humanitaria ha empujado a más de 700.000 civiles haitianos a abandonar forzosamente sus hogares, sumiendo a comunidades enteras en condiciones de hambruna severa ante la imposibilidad de distribuir suministros agrícolas a través de las carreteras troncales bloqueadas por trincheras de pandilleros.
Esta problemática de violencia extrema y fragilidad institucional dialoga directamente con los reportes sobre las crisis de seguridad internacional y las tensiones operativas que demandan la intervención de organismos multilaterales.
Respaldo a la Misión Multinacional y horizonte electoral
Asimismo, los delegados internacionales reafirmaron la necesidad imperiosa de que la comunidad internacional entregue los fondos comprometidos para sostener la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), liderada por oficiales de la policía de Kenia junto a destacamentos de Jamaica, Bahamas y otros países aliados. Los recursos actuales han resultado insuficientes para desplegar la totalidad de los 2.500 efectivos proyectados para recuperar el control territorial.
El Consejo de Seguridad reiteró que el desarme de las bandas es un requisito indispensable para que las autoridades de transición puedan organizar un proceso electoral transparente y legítimo que dote a Haití de un presidente electo y un parlamento en funciones, ausentes desde hace años tras el magnicidio de Jovenel Moïse.
La prórroga del régimen de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU refleja la alarma de la comunidad internacional ante la posibilidad de un colapso humanitario total en Haití si las bandas armadas continúan controlando las vías de acceso a los puertos y aeropuertos internacionales. La escasez de combustible, alimentos básicos y medicamentos de emergencia ha paralizado los hospitales y centros de atención médica en toda el área metropolitana de Puerto Príncipe.
Los delegados de los países miembros insistieron en que las medidas coercitivas individuales contra los financistas y proveedores de armas de las pandillas deben complementarse con un financiamiento sostenido para la policía haitiana y los contingentes multinacionales. La restauración de condiciones mínimas de seguridad pública es considerada el único camino viable para encaminar al país hacia una transición política legítima y la reactivación de su economía interna.
La Secretaría General de las Naciones Unidas exhortó a los donantes internacionales a acelerar el desembolso de los recursos financieros prometidos para el fondo fiduciario de la misión de seguridad en Haití, advirtiendo que la estabilidad institucional y el alivio humanitario en la nación caribeña no pueden postergarse más tiempo.
