- Phone Chomsavanh, ciudadano laosiano deportado por EEUU a África, fue liberado tras 14 meses preso.
- El hombre permaneció recluido en la cárcel de máxima seguridad de Matsapha en Esuatini sin cargos locales.
- Había cumplido sus condenas previas en suelo estadounidense antes de ser enviado al extranjero en avión militar.
- Organismos de derechos humanos cuestionan los acuerdos millonarios de expulsión hacia terceros países.
El ciudadano laosiano Phone Chomsavanh, quien fue expulsado de Estados Unidos y confinado en una penitenciaría de Esuatini en el marco del polémico programa de deportaciones hacia terceros países implementado durante el gobierno de Donald Trump, fue puesto en libertad tras permanecer más de catorce meses recluido en una prisión de máxima seguridad del reino africano sin que jamás se le imputara delito alguno en ese territorio.
La noticia fue confirmada de manera formal por su representante legal en Norteamérica, el abogado Tin Thanh Nguyen, quien precisó que su cliente ya abandonó el continente africano rumbo a su país de origen tras una prolongada batalla judicial. Chomsavanh figuraba en un contingente de personas enviadas en julio de 2025 al Complejo Correccional de Matsapha, ubicado en las inmediaciones de Mbabane, capital administrativa de la última monarquía absoluta de África, en un contexto migratorio donde la justicia estadounidense también revisa casos de alto impacto como la ejecución récord en cárceles de Florida.
Detención sin proceso legal ni vínculos territoriales
Nacido en un campo de refugiados en Tailandia tras la huida de sus progenitores del régimen laosiano, Chomsavanh arribó a Estados Unidos cuando apenas tenía siete años. Aunque contaba con antecedentes penales por delitos graves cometidos en suelo norteamericano, su defensa acreditó que el hombre ya había cumplido íntegramente las sentencias privativas de la libertad dictadas por los tribunales estadounidenses años antes de su traslado forzoso.
“Mi cliente ya había pagado su deuda con la sociedad. En lugar de procesar su caso conforme a derecho, lo embarcaron en un avión militar de carga sin informarle su destino final y lo encerraron en una prisión de un país del que jamás había escuchado hablar, donde nadie presentó acusación alguna en su contra”, denunció el jurista Nguyen en declaraciones recogidas por la agencia Associated Press. “Eso quebranta de forma absoluta cualquier noción básica de debido proceso”.
Cuestionamientos globales a los acuerdos de tercer país
De acuerdo con registros documentados por organizaciones no gubernamentales como Human Rights First y Refugees International, cerca de 500 inmigrantes con órdenes finales de deportación han sido trasladados desde Estados Unidos hacia diversas naciones del continente africano con las que los afectados carecen de vínculos idiomáticos, familiares o culturales. En el caso específico de Esuatini, el acuerdo bilateral contempló transferencias financieras cercanas a los 5,1 millones de dólares por parte de Washington a cambio de recibir a decenas de deportados.
La administración federal estadounidense ha defendido estas políticas argumentando la necesidad de acelerar la expulsión de extranjeros con antecedentes cuando sus países de origen demoran o rechazan la emisión de salvoconductos consulares. No obstante, los procedimientos han enfrentado severos reveses en cortes federales de apelaciones, las cuales han cuestionado la falta de garantías procesales y el riesgo de tortura o tratos degradantes, conforme a convenios internacionales supervisados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
El debate en la Corte Suprema y el futuro del programa
El litigio legal en torno a la constitucionalidad de transferir deportados a terceros Estados se encuentra actualmente bajo la lupa de la Corte Suprema de Estados Unidos. Si bien el máximo tribunal permitió temporalmente la continuidad operativa del esquema migratorio mientras se resuelven las apelaciones de fondo, los magistrados programaron audiencias orales decisivas para el mes de diciembre.
Entre tanto, la liberación de Chomsavanh marca un precedente relevante para las decenas de casos que permanecen bajo reserva en instalaciones correccionales de África y Centroamérica. Con su arribo a Laos concluye un extenso periplo carcelario de 14 meses que puso en evidencia los vacíos legales y las tensiones humanitarias derivadas de las tácticas extraordinarias de remoción migratoria.
