- La OFAC sancionó a un bufete marítimo con oficinas en Panamá y Atenas por estructurar empresas de papel.
- La red legal facilitó el registro encubierto de más de 20 buques petroleros que transportaban crudo iraní.
- Las medidas congelan cuentas bancarias y prohíben a entidades estadounidenses cualquier transacción con los acusados.
- El transporte clandestino de hidrocarburos evade embargos petroleros y financia a las Guardias Revolucionarias.
Estructuras corporativas de papel y trasvase de crudo en altamar
En el marco de su ofensiva global contra los mecanismos de evasión financiera del régimen de Teherán, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este 22 de octubre de 2026 un paquete de sanciones punitivas contra una influyente firma de abogados y operadores marítimos con sedes en Panamá y Grecia, acusada de diseñar estructuras societarias ficticias para ocultar a los verdaderos propietarios de la denominada ‘flota fantasma’ iraní.
La investigación del Tesoro determinó que el bufete facilitó la constitución de decenas de sociedades de responsabilidad limitada en paraísos fiscales para inscribir más de 20 buques petroleros de gran calado bajo banderas de conveniencia, alterando números de identificación OMI (Organización Marítima Internacional) y falsificando certificados de bandera para eludir los radares satelitales en el mar de Omán y el estrecho de Malaca.
Dichas naves ejecutaban peligrosas maniobras de trasvase de crudo de barco a barco (STS) en aguas internacionales en horas de la noche con los transpondedores apagados, camuflando el petróleo persa como crudo malasio o emiratí para colocarlo en refinerías de Asia.
En el marco de la coyuntura nacional e internacional, diversos analistas y especialistas del sector subrayan que los acontecimientos reportados marcan un precedente sustancial para la toma de decisiones estratégicas en los ámbitos público y privado. Las autoridades competentes mantienen mesas de trabajo permanentes con comités técnicos y veedurías ciudadanas para evaluar los impactos de estas medidas, asegurando la debida transparencia y el cumplimiento irrestricto del ordenamiento legal vigente en beneficio directo de la colectividad. Se prevé que durante las próximas semanas se presenten balances consolidados que permitan dimensionar con exactitud el alcance de las resoluciones adoptadas y sus efectos en el mediano plazo para todos los sectores involucrados en el país.
Asimismo, representantes de la sociedad civil y gremios profesionales destacaron que la articulación interinstitucional resulta indispensable para garantizar la efectividad de las políticas implementadas, exhortando a mantener canales de diálogo constructivo y fiscalización permanente para fortalecer la confianza de los ciudadanos y los usuarios en los servicios fundamentales. El seguimiento continuo por parte de observadores independientes permitirá constatar que los compromisos asumidos se traduzcan en mejoras tangibles y verificables en las diferentes provincias y comunidades del territorio nacional.
Por su parte, organismos de control y dependencias ministeriales reiteraron que continuarán supervisando de cerca la ejecución de los cronogramas previstos, aplicando rigurosos estándares de auditoría y evaluación técnica para prevenir contingencias no deseadas. La participación activa de los actores comunitarios y de los medios de comunicación consolida un entorno de veeduría social indispensable para afianzar la gobernabilidad democrática y la certidumbre institucional en los meses venideros.
Bloqueo financiero y advertencias a la industria aseguradora
Las directivas sancionatorias de el Departamento del Tesoro de EEUU y del Departamento de Estado bloquean todos los bienes e intereses patrimoniales de las firmas implicadas dentro de la jurisdicción estadounidense. Esta presión sobre redes ilícitas transnacionales se vincula al combate financiero que libran los Estados como cuando la Superintendencia alerta sobre 134 falsas cooperativas de ahorro en el mercado crediticio.
Washington advirtió a las compañías aseguradoras y clubes de protección e indemnización marítima que brindar coberturas a embarcaciones sancionadas acarreará sanciones severas en el sistema bancario global.
