Ciudadanos organizados proponen cambios legales ante el aumento de delitos
La iniciativa ciudadana por la seguridad ha cobrado fuerza en el sur de Quito. Moradores de la urbanización Santa Anita y del barrio Las Cuadras, alarmados por el aumento de robos y la ineficiencia de las autoridades, han tomado cartas en el asunto. En colaboración con el concejal Wilson Merino, los líderes barriales están impulsando un proyecto de ley que fortalezca la seguridad desde los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), buscando un cambio estructural en el enfoque de protección ciudadana.
Inseguridad persistente moviliza a vecinos
Santa Anita, una urbanización compuesta por 35 manzanas y más de 548 viviendas, con una población aproximada de 10.000 personas, ha vivido durante años bajo la sombra de la inseguridad. Robos constantes, microtráfico, consumo de alcohol en espacios públicos y vandalismo deterioraron gravemente la convivencia. Frente a la falta de acción de las autoridades, surgió una iniciativa ciudadana por la seguridad que llevó a los moradores a organizarse, invertir en dispositivos de protección y reactivar redes comunitarias.
La presidenta del comité barrial, Rocío Hurtado, relató cómo se ha tenido que asumir un rol casi gubernamental: “No nos quedó otra. Las alarmas municipales dejaron de funcionar y el ECU-911 nunca respondió adecuadamente. Instalamos alarmas privadas, abrimos canales de comunicación directa, pero la respuesta policial sigue siendo deficiente”.
GAD podrían liderar control preventivo
Entre las acciones destacadas se encuentra la rehabilitación, por parte de los vecinos, de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC), que, pese a sus esfuerzos, permanece cerrada por falta de personal. Mientras tanto, el Municipio entrega chalecos o forma comités, pero sin una política clara ni presupuesto asignado para alarmas o patrullajes. La iniciativa ciudadana por la seguridad propone llenar ese vacío legal y operativo.
Omar Manobanda, presidente de seguridad del barrio Las Cuadras, denuncia la falta de capacitación tras la instalación de sistemas de alarma por parte del Municipio. “Nadie nos enseñó a usarlas. Todo lo que hemos logrado es con nuestro dinero”, afirmó. La propuesta legislativa, explicó, busca que la carga de la seguridad no recaiga únicamente sobre los ciudadanos.
Propuesta legislativa desde la ciudadanía
El lunes 4 de agosto de 2025, el concejal Merino, junto a representantes barriales, presentó al Consejo Nacional Electoral (CNE) una iniciativa popular normativa. Esta aspira a modificar la legislación vigente, permitiendo que los GAD lideren estrategias de seguridad ciudadana en coordinación con el Gobierno central. Entre los ejes principales de la iniciativa ciudadana por la seguridad está la creación de consejos locales de seguridad, la implementación de una policía de proximidad y el fortalecimiento de políticas de prevención.
Merino criticó que se pretenda enfrentar a la delincuencia con herramientas obsoletas. “No se puede delegar la seguridad a municipios sin competencias reales. Necesitamos cuerpos profesionales, equipados y con capacidad legal”, expresó. Además, alertó sobre los millones subutilizados en presupuestos destinados a seguridad en Quito.
Tasa de seguridad y descentralización operativa
El proyecto contempla también una tasa específica de seguridad que financie equipamiento, capacitación, infraestructura y tecnología. Esta medida no busca duplicar funciones, sino distribuirlas adecuadamente: la Policía Nacional, contra el crimen organizado; los GAD, frente a delitos comunes, control de espacio público y prevención.
La iniciativa ciudadana por la seguridad propone un modelo descentralizado e integrado, donde cada entidad asuma funciones complementarias y no solapadas. Merino afirmó que la clave está en la articulación institucional y en reconocer el valor del trabajo comunitario. “Lo que nace desde los barrios tiene legitimidad y permanencia. Ahora el Estado debe responder con responsabilidad”.
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