Irregularidades en el régimen de prelibertad
Informe policial advierte fallas en el control aplicado a Ángel Esteban Aguilar Morales, alias ‘Lobo Menor’, procesado por el magnicidio de Fernando Villavicencio. El documento, elaborado por la Unidad Antidelincuencial de la Policía, expone inconsistencias en la supervisión del régimen de prelibertad concedido en 2022.
Aguilar es señalado como presunto cabecilla del grupo criminal Los Lobos. Además, figura entre los procesados por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido durante la campaña electoral de 2023. Otros líderes de esa organización permanecen detenidos.
El 26 de enero de 2022, un juez de garantías penitenciarias de Latacunga otorgó el beneficio de prelibertad dentro de una causa por asesinato. Como parte de las condiciones, debía presentarse semanalmente ante las autoridades competentes. También debía justificar actividades laborales o académicas, mantener residencia fija y abstenerse de consumir alcohol o sustancias ilícitas.
Controles virtuales y supervisión cuestionada
Debido a su perfil de riesgo, un juez autorizó controles telemáticos bajo supervisión del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI). Sin embargo, Informe policial advierte fallas en la verificación de identidad y cumplimiento de obligaciones.
Según el reporte, desde 2024 el procesado habría remitido fotografías repetidas para acreditar comparecencias. En consecuencia, se detectaron imágenes con el rostro cubierto o de baja nitidez, lo que impedía confirmar su identidad. Además, la Policía constató que no residía en el domicilio registrado en el sector El Bosque, en Quito.
El informe también señala que la unidad de Reinserción Social Quito 1 no notificó estas anomalías al juez competente. Tampoco habría ejecutado las visitas mensuales dispuestas como parte del control penitenciario.
Recomendaciones y posibles responsabilidades
Informe policial advierte fallas que podrían configurar omisiones administrativas relevantes. Por lo tanto, la Unidad Antidelincuencial recomendó remitir el caso a la jueza Diana Gabriela D’Ambrocio. El objetivo es que analice las presuntas deficiencias y determine eventuales responsabilidades institucionales.
La audiencia del caso Villavicencio, realizada el 10 de febrero de 2026, se declaró reservada. Entretanto, las autoridades judiciales deberán evaluar la cadena de supervisión y los mecanismos de fiscalización aplicados en este régimen excepcional.
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