El 19 de mayo de 2025, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) llevó a cabo un operativo de control en Guayaquil. La acción se efectuó en un depósito de carga aérea. Allí se identificó el ingreso ilegal de una importante cantidad de vapes y baterías, sin el respaldo documental correspondiente.
Origen, características y modalidad de ingreso
De acuerdo con el informe oficial, se incautaron 14.770 vapes y baterías, los cuales estaban clasificados erróneamente como artículos de uso personal. Esta clasificación incorrecta, sin duda, buscaba evadir los controles aduaneros habituales. A pesar de que la carga partió desde Corea del Sur, ingresó a Ecuador a través de un vuelo procedente de España, lo cual levantó sospechas inmediatas. Además, se evidenció que los productos pertenecían a diversas marcas y modelos, lo que dificultaba aún más su trazabilidad.
Valor económico y posibles implicaciones legales
Luego de una inspección minuciosa, se estimó que el valor de los vapes y baterías incautados asciende a USD 415.790. Este monto significativo refleja no solo una infracción administrativa, sino también un posible perjuicio a la salud pública. Debido a su entrada irregular, los productos no fueron sometidos a controles sanitarios. Por lo tanto, su comercialización representaría un riesgo para los consumidores ecuatorianos.
Avance del proceso legal y acciones institucionales
Como respuesta inmediata, Senae inició un proceso investigativo formal. El objetivo es determinar responsabilidades en este intento de contrabando de vapes y baterías. Según el avance del caso, podrían imponerse sanciones penales o administrativas. Por otro lado, las autoridades recalcaron que este tipo de intervenciones son parte de una estrategia integral para combatir el comercio ilícito.
Importancia del control aduanero frente al contrabando
En definitiva, la incautación de vapes y baterías sin respaldo legal evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas de vigilancia aduanera. Cuando se permite el ingreso de productos sin control, se afecta tanto al erario nacional como a la seguridad ciudadana. Así pues, estas acciones demuestran el compromiso institucional con la protección de la economía y la salud pública.
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