El reciente incremento en el precio del diésel en Ecuador, que desde el 13 de septiembre de 2025 pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón, ha generado un profundo impacto en los sectores productivos. Particularmente en la agricultura. Esta decisión del Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Daniel Noboa, se enmarca en una política para eliminar subsidios. Según el Ejecutivo, beneficiaban a mafias del contrabando y no a la ciudadanía vulnerable.
Frente a este escenario, el Gobierno ha implementado un plan de apoyo con medidas orientadas a mitigar el impacto del diésel en el agro. Se reconoce que el sector agrícola es fundamental para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural sostenible.
Entrega de tractores para asociaciones agrícolas
Una de las medidas clave para reducir el impacto del diésel en el agro es la entrega de 1.200 tractores de mediana y alta gama. El presupuesto total es de 81 millones de dólares. En una primera fase, se distribuirán 200 tractores a asociaciones agrícolas previamente identificadas en las zonas más vulnerables. El resto del lote será entregado progresivamente conforme se concluyan los trámites de importación y distribución.
Estos tractores no serán adjudicados de forma individual, sino que estarán al servicio de las asociaciones. Esto se debe a que una gran parte de los pequeños productores no posee maquinaria propia y depende del alquiler para realizar sus labores agrícolas. Esta política pública busca disminuir esa dependencia e incrementar la productividad de forma estructural.
Bono agrícola para agricultores en pobreza
Adicionalmente, el Gobierno ha dispuesto la entrega de un bono agrícola de 1.000 dólares, dirigido a 100.000 agricultores en situación de pobreza. La selección de los beneficiarios se ha realizado a través del cruce del Registro Social y el Registro de Agricultura Familiar y Campesina.
El objetivo es que este bono permita adquirir herramientas e insumos que mejoren la autosuficiencia. Así se reducirá el impacto del diésel en el agro. Con estos fondos, se espera que los agricultores puedan invertir en equipamiento. Esto les permitirá prescindir del costoso alquiler de maquinaria o vehículos con alto consumo de combustible.
Créditos productivos con tasas preferenciales
Para reforzar el enfoque integral del plan, se ha lanzado un programa de créditos productivos con tasas preferenciales. Los agricultores podrán acceder a financiamiento con tasas alrededor del 7 %. Mientras que para los transportistas agrícolas se ofrecerán líneas de crédito con intereses cercanos al 9 %. Esta medida no solo busca modernizar el parque automotor rural, sino también promover una transición hacia maquinaria más eficiente en consumo energético.
El diseño de este esquema pretende transformar el subsidio eliminado en capital productivo real. De esta forma, se canaliza el beneficio directamente a quienes más lo necesitan: los pequeños productores, evitando que se diluya entre intermediarios o redes ilegales.
Una política de redistribución con enfoque social
El Ministerio de Economía y Finanzas ha calificado esta estrategia como un cambio estructural. Los recursos antes destinados a subsidiar combustibles ahora se invierten en equipamiento agrícola y protección social. Este redireccionamiento tiene como fin garantizar que los apoyos estatales lleguen de forma directa y eficaz a los sectores más vulnerables.
Pese a la intención redistributiva del plan, las reacciones han sido mixtas. Mientras algunas asociaciones agrícolas han valorado positivamente el enfoque de largo plazo, ciertos gremios y organizaciones sociales han solicitado la derogación de la medida. Esto se debe al incremento inmediato en el costo de vida y en los insumos agrícolas.
El Gobierno, sin embargo, sostiene que los pagos ya están en marcha. Además, que el seguimiento territorial permitirá verificar que los incentivos lleguen efectivamente a los agricultores que enfrentan el impacto del diésel en el agro.
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