Un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí aceptó parcialmente el hábeas corpus Otavalo solicitado por diez de los doce detenidos durante las manifestaciones recientes. La decisión judicial dispuso su traslado inmediato desde la cárcel El Rodeo, en Manabí, hacia el centro de privación de libertad de Ibarra, provincia de Imbabura.
El fallo destacó que el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) vulneró derechos constitucionales y desconoció los principios de interculturalidad y plurinacionalidad. Esta resolución representa un precedente relevante en materia de derechos humanos, al reconocer la importancia del contexto cultural de los pueblos indígenas.
Derechos vulnerados y contexto social de los detenidos
El Tribunal constató que los procesados pertenecen al pueblo Kichwa Otavalo, y que su reclusión en Manabí los alejó de su entorno comunitario y familiar. Para la mayoría de ellos, fue la primera vez que salieron de la Sierra hacia la Costa. Esta distancia, según los jueces, afectó su derecho a la defensa, su contacto con el juez competente y la comunicación con sus familias.
Los abogados defensores argumentaron además que el traslado a Manabí fue injustificado. En el caso de Luis Padilla Criollo, quien tiene el 50% de discapacidad, y Diego López, que padece epilepsia, el cambio de centro agravó su situación médica.
El SNAI no justificó el traslado
La sentencia señala que el SNAI no presentó argumentos válidos para el cambio de cárcel. Tampoco demostró que se hayan respetado los estándares culturales exigidos por la Constitución ecuatoriana. En consecuencia, el Tribunal ordenó que los diez detenidos regresen a Imbabura para continuar su reclusión. Tres de ellos ya habían sido trasladados previamente por razones médicas.
Precedente en casos indígenas
El hábeas corpus Otavalo subraya la necesidad de aplicar protocolos de interculturalidad cuando los procesados pertenecen a pueblos indígenas o nacionalidades. Según el abogado Luis Yépez, esta sentencia sienta un precedente jurídico al reconocer que la distancia geográfica entre el centro penitenciario y la comunidad de origen puede vulnerar derechos constitucionales.
Los diez detenidos forman parte del grupo de trece personas investigadas por terrorismo, tras los hechos violentos ocurridos el 22 de septiembre de 2025, durante el paro convocado por la Conaie. La Fiscalía los acusa del incendio del cuartel del Distrito Valle del Amanecer en Otavalo, donde se utilizaron escudos metálicos, piedras y bombas molotov.
De acuerdo con las reformas de 2023 al artículo 366 del COIP, el delito de terrorismo contempla penas de entre 16 y 26 años de prisión.
El hábeas corpus Otavalo marca así un precedente legal y social, reforzando el respeto a la diversidad cultural dentro del sistema de justicia ecuatoriano.
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