Hábeas corpus de militares en Milagro constituye el eje jurídico del proceso que actualmente tramita la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi. En este contexto, la defensa técnica de dos uniformados interpuso este recurso constitucional. Su finalidad es revocar la medida de prisión preventiva impuesta en su contra.
Además, los procesados enfrentan una investigación por el presunto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Este tipo penal implica una valoración compleja de la conducta funcional. Por lo tanto, el tribunal deberá examinar la legalidad de la detención y la proporcionalidad de la medida cautelar.
Hábeas corpus de militares: Elementos de la acusación fiscal
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, siete militares pertenecientes a la patrulla ECO KILO habrían incurrido en actos de violencia sistemática. Estos hechos se habrían prolongado durante más de 40 minutos. En consecuencia, dos jóvenes habrían sido sometidos a agresiones físicas y coercitivas.
Uno de ellos, Bryan Ledesma, perdió el conocimiento durante el procedimiento. Posteriormente, los uniformados lo trasladaron al hospital del IESS de Milagro. Sin embargo, el personal médico confirmó que el ciudadano no presentaba signos vitales.
El fiscal del caso detalló que la víctima habría recibido descargas eléctricas mediante cables. Estas se habrían aplicado en la espalda, el pecho y la lengua. Además, los afectados habrían permanecido en un entorno con agua. Este elemento incrementa el riesgo eléctrico. Asimismo, se reportaron golpes con puñetes, patadas y objetos contundentes.
Medidas cautelares y cuestionamientos de la defensa
Durante la audiencia de formulación de cargos, realizada el 21 de marzo, la autoridad judicial dispuso prisión preventiva para dos de los siete militares procesados. En consecuencia, fueron trasladados a la Cárcel de Cotopaxi. Uno de ellos sería el presunto responsable de aplicar las descargas eléctricas.
No obstante, la defensa sostiene que la privación de libertad es ilegal y arbitraria. Según sus argumentos, no se ejecutó una fase de calificación de la legalidad de la detención inicial. Además, se habría omitido verificar la notificación de derechos constitucionales.
Por otro lado, los abogados cuestionan la motivación de la resolución emitida por la jueza Gladys Martínez Perea. Alegan que la orden carece de fundamentación suficiente. También indican que no existe una justificación concreta del riesgo procesal.
Posible sustitución de la prisión preventiva
La defensa invoca disposiciones del Código Orgánico Integral Penal. Estas permiten sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario en casos específicos. Este beneficio aplica para miembros activos de la fuerza pública. Sin embargo, debe verificarse que los hechos ocurrieron en cumplimiento de funciones.
En consecuencia, la autoridad judicial deberá aplicar criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. La audiencia de hábeas corpus está prevista para el 27 de marzo. En esta diligencia se definirá si los militares recuperan su libertad. Alternativamente, podrían permanecer privados de libertad durante la instrucción fiscal de 90 días.
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